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Financiación autonómica, defectos de fábrica y mantenimiento

01 febrero 2011

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Ha bastado que en Cataluña cambiara el Gobierno de la Generalitat para que las cuentas públicas españolas saltaran por los aires. Según inveterada praxis  la primera medida del recién llegado al poder (político o empresarial) es levantar las alfombras para sacar a la luz los pufos del anterior. Cuantos mayores sean los agujeros,  más fácil será tomar medidas duras, responsabilizando de ellas a “la pesada herencia recibida”. Tras las elecciones de noviembre pasado, Cataluña no ha sido excepción.
A lo concreto: según las últimas cifras facilitadas por el Govern del President Montilla, y aceptadas por la Vicepresidencia Económica del Gobierno de España, a septiembre pasado, y con un déficit del 1,71% de su PIB, las cuentas públicas catalanas se ajustaban confortablemente a lo establecido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que dicho déficit no debía superar el 2,4%. La realidad, según la presenta ahora el President Mas, es completamente distinta: el déficit no solo supera el 2,6% del PIB establecido, sino que está por encima del 3,5%.

O deuda, o quiebra Con un desajuste tan fuerte no es raro que el Gobierno de la Generalitat necesite de manera urgente una voluminosa emisión de deuda, que debe ser autorizada por el Gobierno de España. Una situación en la que sólo hay perdedores: si, como manda la ley, el déficit excesivo no permite autorizar la emisión de deuda, la Generalitat entraría en suspensión de pagos a proveedores y en default frente a los acreedores extranjeros; si, por el contrario, se autoriza la emisión de deuda pública catalana, se quebranta la ley y se dan motivos para que las demás comunidades autónomas admitan que su déficit es mayor del declarado y emitan nueva deuda.
En cualquiera de los dos casos la situación amenaza directamente a los compromisos del Reino de España con la Unión Europea/Eurozona y con los mercados internacionales. Bastó con que el presidente Rodríguez Zapatero asegurara a Financial Times que no admitiría excepciones a la austeridad y equilibrio presupuestario de las comunidades autónomas, para que se armara el guirigay de declaraciones.
¿Cómo se ha llegado a este calamitoso escenario cuya única salida es elegir entre guatemala y guatepeor? Por defecto de fábrica y por defecto de mantenimiento.
En el diseño constitucional y su desarrollo, el sector público español dividió sus funciones económicas: el Estado central recaudaba y las autonomías gastaban. Aunque no es difícil recordar los precarios equilibrios sobre los que se construyó la Constitución, basta el sentido común para determinar que la ausencia de corresponsabilidad fiscal, o sea, separar drásticamente las figuras de quien recauda y quien gasta es el camino más corto para llegar al conflicto, cuando no a la quiebra. Si en estos años pasados no se llegó fue, como cualquiera sabe, porque el ritmo de crecimiento económico aguantaba cualquier aumento de gasto.
¿Defecto de mantenimiento? Para que un sistema tan frágil no llegara a la situación en la que se encuentra, el primer requisito era, precisamente, un continuado y estricto control de los equilibrios y desequilibrios de los ingresos y de los gastos. A tal día como hoy, en las primeras semanas de 2011 nadie sabe cuánto cuesta, por ejemplo, la sanidad española, en su conjunto, por autonomía y por ciudadano. ¿La educación? Idem de ídem. Por razones políticas y por dejadez, el Gobierno dejó de supervisar las cuentas de las Comunidades Autónomas… Y eso que él mismo y por exigencias de la eurozona, debe hacer pública, mes a mes, en días previamente determinados, la liquidación de los Presupuestos Generales del Estado.

Cataluña no es tan diferente
Esta situación es la peor de todas porque nadie es capaz de garantizar el estado de las cuentas públicas en su conjunto. Se sabe, o se intuye que en buen estado no andan, pero se desconoce hasta qué punto están mal. En Cataluña cambió el Govern y se descubrieron los pufos del anterior. Pese a lo que algunos catalanes aseguran, Cataluña no es tan distinta de otras autonomías y no hay razones para pensar que lo que ha pasado allí no pase en Valencia, en Andalucía, en Galicia. Con o sin “salvamento” de la eurozona –más bien con que sin—el traspiés financiero acabará por superarse, pero lo que este traspiés ha dejado al descubierto es que el mismo sistema impulsa genéticamente la falta de respeto por los equilibrios económicos fundamentales, pues al no admitir la corresponsabilidad fiscal es fácil derrochar el dinero del contribuyente, culpando al otro del dispendio.
¿Solución? Desde luego cambiar el sistema perverso y mientras eso es posible transparencia, transparencia, transparencia. La gestión económico-presupuestaria del sector público en su nivel autonómico debe estar sometida a las mismas reglas de publicidad y transparencia que cumple el Estado.

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