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De la picaresca a la corrupción: España ante el espejo

Cinco siglos después, la picaresca, esa forma de vida o actuación aprovechada y tramposa típica del siglo XVI, sigue siendo typical spanish. Se trata de un concepto asumido y demasiado extendido en nuestro país y, precisamente por ello, resulta difícil ponerle límites. Pero el pícaro de 2013, aunque en muchas ocasiones también recurre a esta práctica por pura supervivencia –como lo hacía el Lazarillo de Tormes en 1554–, no tiene por qué llevar harapos. Puede ir vestido incluso de traje y corbata. ¿Cuál es la barrera? ¿Es la corrupción la picaresca de nuestro siglo o sólo podemos entender como tal la economía sumergida? ¿Qué relación tienen y qué coste conllevan?

Hay autores que tienen claro que la picaresca española ha ido un paso más allá y ha propiciado la corrupción política, “como un reflejo del mundo de corruptelas en el que vivimos”, según denuncia la catedrática de Filosofía moral y Política de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), Victoria Camps. “Los políticos reflejan la sociedad que les ha votado”, plantea Jaime Malet, presidente de la Cámara de Comercio Americana en España.
La mayoría, en cambio, se resiste a meter en el mismo saco picaresca y corrupción. Consideran que la picaresca del siglo XXI sigue siendo esa actuación aprovechada y tramposa a pequeña escala, a nivel individual, que se identifica con la economía sumergida, frente a la corrupción que es esa práctica a gran escala, desde el poder y, siempre, superando la barrera de la legalidad. No pedir factura, no pagar el IVA, realizar desembolsos en negro al fontanero o al empleado de hogar, hacer negocios en la sombra, tener un empleo oculto e incluso, piratear la wifi al vecino es picaresca. Meter la mano en la caja de todos es corrupción.

Pero en lo que coinciden los expertos es en que los ciudadanos no damos el mismo trato a la economía irregular que a la corrupción y en que la percepción ciudadana de ambas varía en función del momento económico. “Somos permisivos con la economía sumergida, pero no con robar el dinero de los ciudadanos”, destaca el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad del País Vasco y autor del libro Las cloacas de la economía, Roberto Velasco. En este punto, hay cabida para la autocrítica: “Tenemos una tolerancia excesiva con las prácticas que tienen que ver con nosotros, pero no somos benevolentes con el comportamiento de terceros”, llama la atención el director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Joaquín Trigo.

muchapastaLa coyuntura económica también nos influye. “Los ciudadanos somos menos tolerantes con la corrupción en tiempos de crisis, cuando la inversión pública es escasa”, apunta la profesora y codirectora del Centro de Derecho, Economía y Política Pública de la Universidad de Yale (EEUU), Susan Rose-Ackerman. “Cuando la economía empieza a ser un problema, la corrupción deja de ser consentida porque es un delito con víctimas”, advierte el vicepresidente de Metroscopia, José Pablo Ferrándiz, para insistir en la idea de que, en los años del boom, los contratos y las subvenciones nos beneficiaban a todos, al menos a nivel municipal, y no entrábamos a plantearnos si eran prácticas más o menos regulares. “Entonces era un delito sin víctimas”, puntualiza.

Transigencias aparte, también hay unanimidad en que la picaresca contemporánea entendida en sentido amplio tiene un importante coste para el país en el sexto año de una crisis que parece no tener fin y que afecta de lleno al día a día de los ciudadanos.

La economía sumergida, que algunos reconocen como un paliativo a la grave situación que atraviesan muchas familias, se puede llegar a calcular. Pese a las dificultades que conlleva su cómputo, hay estimaciones que la sitúan entre el 20 y el 25% del PIB español (diez puntos por encima de la media europea), lo que se traduciría en más de 200.000 millones de euros. Y, pese a los planes de lucha contra el fraude, el dinero negro va a más, reconocen en Hacienda. “La picaresca crece cuando las cosas van mal. Si la economía informal va bien es porque va mal la economía regular”, advierte Trigo. Velasco llama la atención sobre la otra cara de la moneda: “El milagro de que con la cifra de paro actual –en el 26%– no estemos en una situación revolucionaria se debe en parte a esos porcentajes de economía sumergida”.

Y la corrupción, ¿qué coste tiene para España y para sus ciudadanos? Aquí no hay cifras ni siquiera aproximadas de lo que puede llegar a suponer para el Estado, aunque podemos hacernos una idea de su magnitud si tenemos en cuenta que países como Italia (más corrupta que España en los rankings internacionales) sí han medido su calado: 60.000 millones anuales.

Lo que está claro es que las facturas a pagar son cada vez más en un contexto en el que el conocimiento de los casos de corrupción crece por semanas y es proporcional al hartazgo ciudadano con la clase política. Nombres como Gürtel, Palma Arena, Nóos, Palau de la Música, ITV, Malaya, ERE fraudulentos, Pokémon o Campeón copan los periódicos y los informativos y ya son familiares a pie de calle. Hay un total de 171 causas abiertas y dos terceras partes se han empezado a investigar en 2012, de manera que muchas heridas están recientes.

Prácticas corruptas como el reparto de favores, las concesiones irregulares, el blanqueo de capitales, la desviación de fondos, los nombramientos a dedo o la utilización de bienes públicos para uso personal hacen mucho daño a la recuperación de la economía desde variados prismas. En líneas generales, Velasco advierte de que las corruptelas “distorsionan la equidad y perjudican a los más pobres, disminuyen la recaudación, frenan la competitividad de las naciones y son el principal obstáculo para el desarrollo”.

La corrupción tiene o puede llegar a tener costes muy directos en nuestra ya tocada economía. “Perjudica a los mercados y los inversores pueden cuestionarse venir a España”, alerta Ferrándiz. En CEOE insisten, además, en el perjuicio que puede causar “en la evolución de la prima de riesgo, en la buena marcha de las exportaciones o en los datos del déficit”, y denuncian que “afecta negativamente a las empresas españolas tanto dentro como fuera del país”.

Hay más. “Hay un coste invisible: el de aquellos negocios exitosos que no llegan a nacer porque la corrupción supone una traba invencible para operar”, recalca el director del Instituto Juan de Mariana, Juan Ramón Rallo.

Ligado a este punto, la ex alto cargo de la Administración y hoy presidenta de Hispasat, Elena Pisonero, recuerda que estas prácticas también salpican a los ciudadanos de una forma que no siempre tenemos presente: “La corrupción encarece el producto o servicio del que paga e impide el acceso al mercado a los que no entran en ese circuito, reduciendo la competencia y haciendo por tanto que suban los precios”. El profesor Rallo pone encima de la mesa otra derivada hoy conocida como rent-seeking: “Cuando los empresarios sólo pueden prosperar sirviendo al burócrata de turno, el cliente deja de ser el consumidor y pasa a serlo el político y eso merma nuestra capacidad de generar riqueza y valor”.

En definitiva, la corrupción rompe las reglas del juego para todos. “Prima la arbitrariedad del que toma la decisión bajo criterios opacos y rompe la regla básica del mérito por competencia para incentivar la mediocridad con chequera y sin escrúpulos”, evidencia Pisonero.

Billete-500Otro de los grandes perjuicios que provoca la corrupción está muy ligado a la economía: daña la imagen del país, la marca España. El último barómetro del Instituto Elcano refleja que para el 52% de los ciudadanos la corrupción es el problema más grave para nuestra imagen exterior, mientras que sólo el 19% cree que lo que más nos perjudica de puertas para fuera es el paro y la pobreza. Malet, que no pasa por alto que hay corrupción –y economía sumergida– en todo el mundo, sí denuncia que los casos españoles “transcienden fuera y tienen una visibilidad enorme, lo que hace  mucho daño a la marca España”.

Pero el trastorno en la percepción no es sólo externo. El daño interno en la imagen institucional de unos ciudadanos ahogados por los recortes es ya una realidad. “La corrupción profundiza su desconfianza en los políticos. Antes no se les visualizaba metiendo la mano en la caja porque mi ciudad iba bien, pero ahora es diferente”, avisa Ferrándiz, que lleva años estudiando las opiniones de los ciudadanos y que advierte de que, a estas alturas, la crítica ya es transversal, no entiende de partidos políticos.

La frontera entre el trastorno social y el ético se traspasa también fácilmente. “Hay una pérdida de moralidad pública”, denuncia Velasco para avisar de que perder la credibilidad es fácil, pero se tarda mucho en recuperarla.

Un pacto nacional –y de calado– contra la corrupción, una nueva ley de financiación de partidos, controlar las fundaciones, medidas preventivas, mayor transparencia, reglas de juego comunes y, también, mejorar el plan de lucha contra el fraude son algunas de las recetas para evitar que el desgaste vaya a más.
Pero hay un requisito básico. “El problema en el fondo es una cuestión de educación. Para empezar debemos ser autoexigentes con la corruptela a primera escala y ser más intransigentes aún con los grandes casos de corrupción”, destaca el presidente de Transparencia Internacional, Jesús Lizcano. “En una sociedad en la que la gente se plantea si paga o no con IVA y en la que no se cumplen las normas, todavía nos queda mucho por hacer”, reflexiona Camps. “España necesita un rearme moral”, concluye Malet. El sentir es general: todos tenemos que mirar si tenemos algo de Lazarillo de Tormes… vistamos o no traje y corbata.