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El fallido imperio del sol

De aquí a final de año podrían resolverse las primeras demandas de inversores extranjeros sobre el cambio de legislación de renovables en España. Nos jugamos miles de millones de euros. El que iba a ser un sector estrella puede convertirse en una pesadilla.


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Había que ser tonto para no invertir en energía solar entre 2004 y 2010. O no conocer las potenciales ventajas. Si empleabas 200.000 euros en una instalación, los modelos económicos aseguraban que podías endeudarte sin problemas en un 80-90% de la inversión. Recuperabas el dinero en diez años y ganabas en los quince siguientes. Con esas condiciones, ¿quién no iba a estar contento? El ayuntamiento vendía las licencias; empresas o particulares comercializaban terrenos; el inversor recibía las primas del Estado; los ecologistas exultaban por el advenimiento de una energía verde y no contaminante… Pero la producción aumentó más de lo previsto. Los precios de las instalaciones por unidad de energía producida bajaron en 2006-2007 y llegó una avalancha de peticiones tal que se hizo inasumible pagar las primas. El PSOE cambió la legislación en 2010 para frenar el número de receptores y el PP sustituyó en 2014 las subvenciones por lo que ellos consideraron una retribución razonable. La pregunta es: y ahora, ¿qué hacen los inversores, que pidieron sus créditos de acuerdo con la legislación inicial?

Los españoles se han topado de momento con el Tribunal Supremo. Está por ver qué pasa con los extranjeros. España firmó en su día la Carta de la Energía. Su posible vulneración da a los foráneos la posibilidad de recurrir a las cortes internacionales de arbitraje si consideran dañados sus derechos. Y ese es el caso.

La mayoría de los litigios (diecinueve) ha sido interpuesta ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), organismo del Banco Mundial. Se han planteado cuatro más en sitios como la Cámara de Comercio de Estocolmo y la Comisión de la ONU para el derecho mercantil internacional (Uncitral). Lo que nos jugamos no es baladí. “El recorte a las fotovoltaicas es de 1.000 millones de euros anuales. Como los fondos de inversión han puesto entre el 20% y el 30% del capital, les estaría afectando en 200-300 millones al año. Si se resolviera a su favor el año que viene, como el cambio legislativo es de 2010, habría que devolverles 1.400 millones de euros como mínimo. Si incluyéramos a los españoles, podríamos irnos a 5.000-6.000 millones”, señala Jorge Morales, ingeniero industrial y portavoz de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético. Un agujero más que sumar al maltrecho bolsillo de la deuda española. Y, de nuevo, por culpa de un error político.

Además, está surgiendo una industria financiera en torno a estos procesos arbitrales. Fondos de inversión como Calunius, Burford o Therium ofrecen a los demandantes financiarles los costes enteros del litigio a cambio de una participación en una posible condena. Los demandantes pueden querellarse sin riesgo en lugar de comprometer los 5-6 millones de euros que suele costar litigar en tribunales internacionales.

Algunos expertos no creen que los recursos de los extranjeros prosperen. “La regulación del sector eléctrico no se hizo para crear máquinas de hacer dinero, para amparar arbitrajes financieros. La retribución que se da ahora permite recuperar el dinero y rentabilizar la inversión en condiciones de mercado, pero no lucrar chollos a costa del consumidor”, señala Carlos Montojo, que participa como perito económico-financiero en procesos europeos relacionados con las fotovoltaicas. La legislación recoge una retribución del 7,398% anual obtenida por la diferencia entre ingresos de la instalación por la venta de energía a precios de mercado y los costes iniciales y de desarrollo de actividad, haciendo que la inversión sea rentable.

¿Empeora nuestra imagen? Parece claro que hemos perdido credibilidad jurídica para inversores extranjeros en esta materia. “Recuerdo a un conocido bufete de abogados español diciéndole a inversores alemanes que los cambios retroactivos a la remuneración en renovables eran imposibles en España. Fue hace unos diez años, y mira dónde estamos”, explica Eduard Sala, director del de la consultora IHS, una de las más destacadas a nivel internacional. Pero, al mismo tiempo, la inversión en renovables surge de nuevo en España en otras áreas. Acaban de surgir dos concursos en biomasa y viento de 1,5 GW. Se estima que en los próximos años van a entrar cinco billones de euros por esta propuesta. ¿Será que el régimen es ahora más estable?

La novedad no evita que el secretario de Estado de Energía admita la posibilidad de un impacto económico “pequeño” derivado de los arbitrajes internacionales. Incluso los inversores españoles tienen esperanzas. “De aquí a final de año podrían resolverse los recursos por daño patrimonial planteados contra las modificaciones de 2010 y de 2014”, indica Juan Castro-Gil, abogado y secretario de la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (ANPIER).

Las primas se han recortado un promedio del 30%. En algunos casos, un 50%. Una ruina para los propietarios de las 62.000 instalaciones que ya se habían puesto en marcha de acuerdo a un determinado retorno del capital invertido. Aunque bajó, la tecnología de las renovables es cara. La entrada de empresas chinas en el negocio hizo que una instalación costara en 2009 menos de la mitad que en 2007. Pero una planta de 100 kilovatios podía requerir al principio abonar alrededor de un millón de euros. Lo normal es que sus cuatro o cinco propietarios pusieran el 20% (200.000 euros). El banco se ocupaba del resto. El cambio en los planes previstos ha hecho que muchos inversores hayan tenido que refinanciar sus créditos u olvidarse de su proyecto. Las reformas retroactivas han supuesto un recorte de 930 millones en el sector. En algunos casos se ha producido un descenso del 50% en los ingresos previstos para soportar la inversión. Los que trabajan en este sector se quejan de que los recortes solo se han dado en su área.

Castro cree que el asunto tiene solución: “La tiene el PSOE, pero no se atreve. Consistiría en que cada inversor fuera retribuido en función de la norma que le afectó. Muchos inversores no llegarán a ver ese desenlace. La situación se los ha llevado por delante”.

La pregunta es si los españoles hemos de pagar esa factura. Daniel Lacalle sostiene en su artículo Autoconsumo y burbujas energéticas que la generación de energía solar ha ido creciendo en España cuando no hacía ninguna falta. En nuestro país había un excedente de generación del 12%, y se instalaron 23.000 megavatios de nueva capacidad de generación. Cuando superaba el 18%, llegaron otros 20.000 megavatios. El exceso de capacidad de generación es hoy del 40%. En ningún país de nuestro entorno supera el 20%.

¿Impuesto al sol? “El único impuesto al sol que existe en España es el que ya paga usted por una energía solar casi diez veces más cara que la media del resto de tecnologías, por las primas más generosas y peor planteadas de la OCDE”, dice. Ante la polémica del autoconsumo, Lacalle señala que es partidario de él, pero con cabeza: “Se tiene que racionalizar el mercado eléctrico, reducir costes fijos, impuestos y subvenciones y dejar que las empresas compitan; no subvencionar el exceso de capacidad”. Los costes fijos regulados, los impuestos y las subvenciones suponen el 62% de la tarifa eléctrica, y son los principales culpables de que hayamos pasado de tener la energía más barata a la más cara de Europa. “Que los que se benefician de las subvenciones no le echen la culpa a todo el mundo menos a ellos mientras cobran el cheque todos los meses”, indica Lacalle. Si todo esto no se soluciona bien, estima que acabarán pagando, “como siempre, los pobres”.

En el fondo del problema está la indefinición del modelo energético que quiere España. Y aquí cada uno juega sus bazas. Las eléctricas tradicionales tratan de limitar una caída en sus ventas de energía afectada porque la procedente de renovables ha de ser comercializada sí o sí en la medida en que se produce, y eso le resta cuota, y porque la crisis ha repercutido en la demanda. Frente a ello, los defensores de las renovables argumentan que su energía es más limpia, sin hacer hincapié en que también es más cara. “Es cierto que las renovables son, en general, más caras; pero, en algunos casos, la eólica terrestre ya es la fuente de generación más competitiva para nuevas instalaciones. Además, las renovables (principalmente eólica y solar) suponen un recurso que España tiene y que no debe importar. Su coste es previsible a largo plazo, algo que juega claramente a favor de estas energías. El debate no debería jugar solo en torno al coste, sino también en torno al valor de cada energía”, explica Eduard Sala.

Cada una tiene sus pros y sus contras, aunque está claro que no se está cumpliendo el plan previsto. “El objetivo para 2020 es que la energía renovable suponga el 20% sobre la energía final bruta que se consume en el país. Actualmente estamos alrededor del 17%, según el Gobierno. Si no se hace nada, no creo que alcancemos la cifra prevista. Lo dice la Comisión Europea (la Comisión Europea ha rebajado la cifra real de nuestro consumo de energías limpias en 2014 al 15,4%)”, admite José María González Moya, director general de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA). Desde luego, según sus datos, el ritmo de producción no lo asegura. Tras unos años registrando cifras de 2.000-2.500 megavatios anuales instalados, en 2014 se llegó solo a 45. El número podría ser menor este año. “El propio Gobierno dijo a mitad del año pasado que era necesario llegar a 1.400 megavatios anuales para alcanzar el objetivo de 2020”, añade González.

Como suele pasar en nuestro país, nos lastra la falta de visión a largo plazo. La ausencia de pensamiento político en los últimos veinticinco años se traduce en la carencia de un plan energético claro de cara al futuro. ¿Qué energía queremos? ¿Llegará el próximo Gobierno con un plan más claro debajo del brazo?

 

David no puede con Goliat

Las eléctricas de siempre tratan de defender su terreno y obtienen victorias, como ocurrió con el decreto de autoconsumo. Los 100 kilovatios de tamaño mínimo de la central exigidos para poder vender energía al sistema reduce a empresas la posibilidad de implantarlas. A priori, pocos particulares pueden producir esa potencia y disponer de la extensión (media hectárea) y el dinero (más de 200.000 euros) para poner en marcha una instalación así.

Las compañías eléctricas y el Gobierno no parecen dispuestas a que se genere con el autoconsumo otra burbuja como la de las renovables que les perjudicaría directamente a ellas. El déficit de tarifa (desequilibrio entre los costes de suministro de la energía y los ingresos por consumirla) está por las nubes, y lo estamos pagando con un recibo de la luz que es un 72% más caro que hace diez años. Quizá la solución esté en titulizar como deuda ese déficit de tarifa. Lo que está claro es que el Gobierno de Zapatero y Miguel Sebastián deberían haber estudiado mejor los costes que iba a traernos la energía renovable. Hubiera ahorrado quebraderos de cabeza especialmente al próximo Gobierno, que es el que asumirá el grueso del problema.



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