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¿Quién salvará nuestro Estado del Bienestar?

Aumentar el gasto público, como quieren PSOE, Podemos o Ciudadanos, no asegura la pervivencia de las pensiones o el seguro de desempleo; tampoco mejora la calidad de la educación o la sanidad estatal. Más bien los pone en peligro.


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¿Se imagina un recorte de las pensiones tan brutal como en Grecia? Allí, los que percibían 1.000 euros se han quedado con un 45% menos desde que se inició la crisis; los que recibían el mínimo, lo han visto disminuido en un 10%. Menudo panorama.

Por fortuna, nuestra situación a día de hoy, está lejos de ese escenario. El dinero destinado a gasto social es muy similar al de hace cuatro años: 290.000 millones, frente a los 296.000 millones de 2011. Los políticos saben que se la juegan con este tema, y para salvarlo son capaces de recurrir a un terreno que hasta ahora se consideraba sagrado: la hucha de las pensiones. El Gobierno de Rajoy la ha reducido a la mitad. Algo lógico, teniendo en cuenta que esa hucha está para usarla en situaciones de crisis. Pero el propio hecho en sí hace emerger una pregunta inevitable: ¿será posible mantener nuestro mundialmente envidiado sistema de protección social?

El economista Daniel Lacalle estima que sí. Pero, para lograrlo, deberemos exigir a nuestros políticos que hagan bien sus deberes. El primero es no volver a cometer los errores del pasado. “Si aumenta el déficit como ocurrió con Zapatero nos encaminamos a otro shock de deuda que hará insostenible el Estado de Bienestar”, mantiene Lacalle. La Unión Europea no admitiría ese descuadre en las cuentas públicas. Si nos intervienen, ya han visto lo que han hecho en Grecia: recortar la protección social.

Las propuestas económicas de PSOE, Podemos o Ciudadanos no parecen ir en la línea de esas cuentas saneadas que el país necesita para poder mantener su gasto social. PSOE y Ciudadanos plantean un aumento del gasto de alrededor de 20.000 millones, que se compensaría con la supresión de diputaciones y el aumento de impuestos a empresas, herencias y patrimonio. “Es una receta equivocada”, sostiene Juan Ramón Rallo, director del Instituto Juan de Mariana. “Lo que habría que hacer es bajar impuestos y reducir gastos”, añade.

El plan de Podemos aún va más allá. Sugieren incrementar el gasto en 96.000 millones hasta el 2019, con la idea de que ese estímulo provocará un efecto multiplicador en los ingresos que hará innecesarios recortes adicionales. Pero es dudoso que esos efectos multiplicadores puedan conseguirse cuando están planteados sobre la media de crecimiento de los últimos años, que es superior a la que viene. Lo lógico es pensar que sean menores. Tampoco tiene sentido invertir más dinero público cuando nuestro Estado, con casi un 100% de deuda, no es precisamente solvente.

Gastar más no es la solución para mantener el Estado del Bienestar. Estados Unidos es el país con mayor coste sanitario sobre PIB del mundo y cuenta con una sanidad pública cara e ineficiente, que no quiere nadie. Y si pensamos en España, no parece que el gasto público invertido en determinadas regiones haya tenido consecuencias positivas: “El asistencialismo que se ha implementado en Andalucía en los últimos treinta y siete años ha producido el efecto más desastroso de la Unión Europea sobre la economía, el empleo y el patrón de crecimiento. Es un sistema que hace confortable la pobreza y perpetúa la burocracia”, afirma Daniel Lacalle.

¿De verdad queremos mantener un país así? Las ayudas sociales tienen sentido cuando son necesarias. Prolongarlas cuando no lo son duerme la iniciativa de las personas. Ahoga su capacidad creadora y encorseta la vida económica. El sistema clientelar hace la vida más cómoda, a los ciudadanos más dependientes del Estado y al país más pobre en todos los sentidos. Y el problema parece difícil de solucionar. “Hay muchos intereses creados”, sostiene Lacalle. “Muchos comités, muchos sindicatos y mucha burocracia que ahoga el crecimiento. Ahora que han vuelto al millón de desempleados en la región, hablan de crear un observatorio con dinero público para estudiar las causas del problema. Es una vergüenza”, lamenta este economista.

La lacra de este sistema no es solo que adormece a los que viven del Estado: es que no deja vivir a los que quieren crear riqueza. “Hay que eliminar radicalmente el tsunami burocrático y fiscal en el que se sume a las pymes cuando tienen 49-50 empleados o tres millones de ingresos. Es una monstruosidad”, añade Lacalle. A ello hay que añadir pegas como las planeadas por el tándem PSOE-Ciudadanos, que en su programa sugiere impedir a los autónomos elegir su base de cotización social. Sería una medida letal para la mayoría de estos trabajadores, que vería incrementada considerablemente la cuota que han de pagar a la Seguridad Social.

Solucionar estos problemas es clave. Si la economía siguiera mejorando, los salarios también lo harían. Prosperarían las condiciones de vida y los ingresos fiscales permitirían pagar el Estado del Bienestar. Pero, para que esto pase, hay que dejar que los empresarios sobrevivan y puedan crear puestos de trabajo.

Una prosperidad de la economía y de las condiciones de vida favorecería también el retorno de inmigrantes. Llegaron en masa cuando España estaba en una buena situación económica. Su vuelta permitiría ampliar la base de cotizantes, aunque no resultaría tan fácil. “Sería una posibilidad interesante a largo plazo, pero habría que liberalizar más el mercado de trabajo para que fueran empleables”, señala Juan Ramón Rallo. Si el salario mínimo y la cotización a la Seguridad Social eleva el coste mínimo de contratación a 1.100 euros, y se les quiere pagar menos (que es lo que suele ocurrir), eso les convierte en inempleables.

Este tipo de soluciones podría quizá evitar lo que este economista y tantos otros ven como un choque inevitable con las matemáticas. El efecto demográfico hará que en las próximas décadas haya un trabajador por cada pensionista. Al haber menos cotizantes, es evidente que el Estado no puede destinar a pensiones el mismo dinero que dirigía cuando había dos trabajadores por pensionista. Fundamentalmente, porque no hay. Por eso Rallo, si siguiéramos esas matemáticas, no vería otra salida que reducir el gasto público en dos líneas. La primera serían las pensiones, sin que esto significara reducir las más bajas, que ya son muy bajas. La segunda se referiría a disminuir la diferencia entre los salarios de los empleados públicos y privados (un asalariado medio público cobra un 50% más que uno privado, según el INE) y a fijar su número en un ratio por español similar al del año 2000. De este modo, Rallo estima que ahorraríamos entre 20.000 y 25.000 millones que podrían destinarse a la protección social de todos los españoles.

La creatividad será la encargada de que podamos conseguir un sistema económico que pague con nuestros ingresos nuestras necesidades y las de nuestros compatriotas. Para conseguirlo puede ayudarnos mirar las recetas de otros países, aunque hay que hacerlo sin idealismos, con realismo. “Está muy bien compararse con los países nórdicos, pero hay que tener en cuenta que se encuentran en el top tres global de libertad económica, de mayor facilidad para crear empresas y empleo. No se pueden exigir los beneficios de las sociedades líderes sin ser una de ellas”, recuerda Daniel Lacalle.

Los países nórdicos, a los que Ciudadanos o Podemos se han referido como posibles modelos, tienen una estructura económica distinta a la nuestra. La población paga unos impuestos altísimos en IVA e IRPF, y a las empresas se les mima en este terreno. Mientras que aquí se sube la cuota a los autónomos, el IRPF o se eliminan deducciones, las pymes nórdicas no pagan impuestos hasta su tercer año de beneficios. Hay empresas noruegas que llevan años sin pagar impuestos porque se les deducen de su inversión, que es mucha.

En España podemos aprender de algunas de estas medidas. Sobre todo, en lo que se refiere a limpiar el sistema de burocracia y facilitar la vida a las personas que pueden crear riqueza y empleo. También, como dice Juan Ramón Rallo, podemos fijarnos en Suiza, que es un buen ejemplo fiscal, de libertad de mercado, descentralización administrativa y estabilidad institucional. Pero también debemos tener en cuenta que esos países han pagado ciertos peajes. “Dinamarca es el país con mayor desigualdad de la OCDE, y allí existe el despido libre. En ninguno de los países nórdicos existen funcionarios de carácter vitalicio”, recuerda Daniel Lacalle. Está bien fijarse en lo bueno y decírselo a los ciudadanos, pero hay que contar la verdad completa.

El pronóstico es grave. Hay mucho trabajo por hacer. Esa tarea requiere de líderes con ideas claras, que estén más pendientes de fomentar la libertad de los ciudadanos que de tenerlos controlados con sus ayudas y su paternalismo. El empleo juvenil es otro de los ejemplos en el que se ve necesaria una actuación urgente. Acuciados por la tasa de paro más alta del mundo, los jóvenes se ven obligados a coger los contratos precarios a los que les aboca la dualidad del mercado de trabajo. Y para compensar ese error en la legislación, la UE lanza planes de ayuda económicos. Más dinero para evitar los errores de la burocracia, hasta que ya no quede. Y entonces, ¿qué pasará? Miremos a Grecia, y echémonos a temblar.

 



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