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Los retos del agua

Licitaciones que duermen a la espera de ver la luz, tarifas que no cubren el coste del servicio, más de 2.000 sistemas diferentes de hacer las cosas… Son algunas de las marejadas que están detrás de un hecho tan simple como el de abrir un grifo.


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Estación depuradora de Aguas Residuales (Edar) de Santiago de Compostela (78 millones de euros); su homónima llamada de Buenos Aires, en Tenerife, otros 32 millones; el saneamiento y depuración del entorno de Doñana, 50 millones; y el colector general del río Asón, en el tramo Colindres-Ansuero, 14 millones. Son solo algunos ejemplos de licitaciones que no se han llevado a cabo y que son urgentes de materializar para evitar que la Unión Europea nos saque tarjeta rota y nos imponga la correspondiente multa. “En materia de depuración y restauración ambiental no alcanzamos las cotas de cumplimiento que pide Europa, lo que puede acarrear importantes sanciones. Ya hay tres procedimientos abiertos contra España”, subraya Antolín Aldonza, portavoz de la Asociación Española de Empresas de Tecnologías del Agua (Asagua).

Falta de inversiones en infraestructuras y conservación, insostenibles bajas en unas licitaciones que durante los últimos cuatro años han sido mínimas, deudas de las administraciones públicas y la ausencia de una normativa global que posibilite el desarrollo integral del ciclo urbano que satisfaga las demandas sociales sin perjudicar el medio ambiente son otras ‘gotas’ que pueden desbordar este singular ‘océano’. “El patrimonio de nuestros servicios es muy extenso y valioso y no deberíamos permitir que se deteriore. Hay que recuperar los niveles de inversión de tiempo atrás”, aboga José Carbonell, presidente de la Asociación Española de Empresas Gestoras de Servicios de Agua Urbana (Aga).

grifoagua

Déficit de tarifa. Abrimos el grifo, y el agua está ahí. La que se marcha, no se pierde sin más, sino que hay una labor de reutilización. “Para beberla y devolverla después al cauce no llegamos a poner ni un euro de cada cien del presupuesto familiar”, resalta Fernando Morcillo, presidente de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (Aeas).

Otro dato: el precio medio del agua para uso doméstico es de 1,7 euros el metro cúbico, de los que un euro correspondería a abastecimiento (60%), y los 70 céntimos restantes a alcantarillado y depuración (40%). Tarifas que no llegan a cubrir el coste total de los servicios, en contra de las exigencias de la Directiva Marco del Agua. “Están por debajo de nuestros colegas europeos por lo que es necesario avanzar en la recuperación de los costes en los servicios de agua urbana”, manifiesta Fernando Morcillo. Si nos comparamos con nuestros países más próximos, ese coste se dispara por dos, por tres, y hasta por cuatro. “Paradójicamente tienen más agua y de mejor calidad que la nuestra. Ellos repercuten todo en el recibo, incluidas las obras de mejora y mantenimiento. Tenemos que caminar hacia ese objetivo. Si lo hacemos mejoraremos la sostenibilidad del servicio. Si no, da la sensación de que se está subvencionando”, añade José Carbonell.

Por eso, y de cara a la próxima legislatura, la Agrupación Sectorial del Agua (compuesta por Aeas, Aga, Aedyr, Aqua España y Asagua) han firmado un documento donde apuestan por seguir los modelos de los países del norte de Europa, apoyados en mecanismos tarifarios: “La progresividad del precio respecto del consumo asegura una mejor distribución de los esfuerzos económicos del ciudadano y un consumo responsable de este recurso escaso, más en nuestro país donde existen amplias zonas con estrés hídrico”.

Por tanto, y si utilizamos un término válido para el sector eléctrico, estamos ante un déficit de tarifa. “El agua tiene un precio político. Pero se dan casos en que determinados ayuntamientos meten en el recibo conceptos no relacionados como la tasa de basuras”, advierte Antolín Aldonza. En otras ocasiones, tienen en sus manos una infraestructura, como una depuradora, pero carecen del dinero suficiente para mantenerla, de ahí esté parada o que solo se utilice unas horas al día. “Algunas no han estado nunca en funcionamiento y las que se paran un tiempo no sirven para nada”, matiza el portavoz de Asagua.

Disfunciones a las que se unen otras como las significativas diferencias en las tarifas pagadas por los ciudadanos por servicios similares dependiendo de la localidad en las que habiten. A modo de ejemplo, en Bilbao el metro cúbico se cifra en 1,22 euros, en Madrid en 1,41, en Las Palmas en 2,04, y en Barcelona en 2,44. “Diferencias que no responden a una lógica económica o de escasez, sino que están influidas por múltiples factores, muchos de ellos ajenos al propio sector”, se puede leer en el informe ‘La gestión del agua en España, análisis de la situación actual del sector y retos futuros’, de PwC.

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Problema de competencias. Ayuntamientos (y son más de 8.000), mancomunidades, diputaciones y hasta algunas comunidades autónomas (en temas de depuración) conforman el conglomerado de autoridades que tienen competencias sobre el líquido elemento. “Tenemos catalogados más de 2.000 sistemas diferentes de hacer las cosas, no solo relacionadas con el precio, también con la gestión de las infraestructuras”, indica el presidente de Aeas. “Cada administración tiene sus pliegos. No puede haber esta disparidad de criterios”, se lamenta el portavoz de Asagua.

De ahí que sería positivo, en esta particular Torre de Babel, la llegada de unos criterios homogéneos “que garanticen la transparencia y la participación ciudadana, lo que implica un modelo de gestión nuevo y diferente, con políticas progresivas”, apunta Cristina Monge, directora de Conversaciones de la Fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes). ¿Cómo? “Se debería hacer a través de un regulador técnico de carácter nacional como en otros países. No se trata de que los ayuntamientos pierdan competencias”, advierte Fernando Morcillo.

Según el informe de PwC, este regulador se centraría en el desarrollo de la metodología, la emisión de informes vinculantes en relación con los pliegos de contratación, y la resolución de conflictos. Y es que en este maremágnum puede darse el caso de que varios operadores estén gestionando a la par diferentes fases del ciclo del agua para un mismo colectivo de usuarios, que uno se ocupe de la distribución y otro del saneamiento. Pero la incongruencia llega cuando solo uno de ellos factura los servicios a los usuarios, liquidando con posterioridad los llevados a cabo por otros proveedores.

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Bajas al límite. Los presupuestos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) llevan sufriendo desde el año 2010 importantes recortes. Consecuencia de ese ajuste en la inversión, las bajas (que en una licitación pública son la diferencia que hay entre la oferta tipo y la que hace el contratista, en porcentaje) se han situado en unos límites poco razonables. ¿Consecuencia? Los pliegos de cláusulas administrativas particulares priman el dinero y, por tanto, los precios ofrecidos por los contratistas se han ido desinflando. “Las bajas están ahora entre un 40% y un 60%. Eso es porque hay falta de inversión, y prefieren morir comiendo algo que no comer”, sostiene el portavoz de Asagua.

Si las inversiones en infraestructuras son bienes de capital y forman parte del stock de capital público, lo coherente es que tengan un buen mantenimiento para garantizar el óptimo funcionamiento de los servicios y la seguridad de las personas y de los bienes. “Por lo tanto, para que el capital neto no disminuya por la depreciación, sería necesaria una inversión anual equivalente al 2% del PIB”, resalta Antolín Aldonza. Por tanto, es necesario hacer un esfuerzo inversor sostenido y permanente que renueve y actualice este particular ‘ecosistema’.

Solo en el ámbito urbano, serían necesarios unos 9.000 millones de euros de aquí a 2020 para hacer las infraestructuras que faltan y complementar aquellas otras que no cumplen con los objetivos marcados por Europa. Cantidad a la que habría que añadir otros 2.000/2.500 millones de euros anuales para renovar lo ya existente. “Los requisitos son cada vez más exigentes y tenemos déficit en depuración de aguas residuales tanto en núcleos urbanos como en empresas”, asegura Fernando Morcillo. ¿Más secuelas? Fruto de todo ello, se está produciendo una pérdida de empleo cualificado. “También se da el caso de que el adjudicatario presente la oferta por rutina y, una vez conseguida, diga que no porque le supone una pérdida de dinero, y la deje abandonada”, relata el representante de Asagua.

Pese a lo dicho, tanto en la Administración Pública como en las empresas privadas hay técnica suficiente para abordar cualquier reto en materia de agua. De hecho, en lo que se refiere a planificación hidráulica, por ejemplo, expertos de otros países nos visitan con el fin de hacer suyo nuestro expertise. Por no hablar de las diferentes picas que las firmas made in Spain están repartiendo por todo el mundo. ¿Qué beneficios sociales se obtendrían si el nivel de inversión pública fuese el adecuado y el pertinente, así como la inversión privada? “Desde luego el desempleo se reduciría mucho y rápido y se avivaría el crecimiento real de la economía soportado por industrias consolidadas y competitivas del que el agua sería motor y guía”, augura Antolín Aldonza. Para conseguirlo, es necesario un marco legal en materia de colaboración público-privada, que se antoja tan difícil como hallar la piedra filosofal; que la planificación sea sensata, a ser posible hecha por técnicos, que son quienes saben; y una política de Estado que acabe con la actual disparidad de criterios.



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