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Sin presupuestos

“El Ejecutivo está sometido a las reglas fiscales europeas, las cuales le obligan a reducir el déficit público por debajo del 3% del PIB” El Gobierno de PSOE-Sumar ha renunciado finalmente a aprobar unos Presupuestos Generales del Estado en 2024. Lo ha hecho tras una desgracia, o suerte, de carambolas que, para el observador desconocedor de la política española, carecerán de cualquier sentido. A saber: uno de los socios del gobierno de coalición de España, En Comú Podem (parte de Sumar), vota en contra del nuevo proyecto de presupuestos en Cataluña y, como reacción a ese fracaso, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, convoca nuevas elecciones autonómicas.  Y, a raíz de esa convocatoria precipitada, han desaparecido los supuestos apoyos que el gobierno español confiaba en tener amarrados dentro de Parlamento de España, ya que sus ‘socios’ independentistas no quieren mojarse antes de tan decisivos comicios apoyando las cuentas del Reino. De ahí que Pedro Sánchez haya aceptado la realidad tal cuál es y haya renunciado definitivamente a aprobar unos nuevos presupuestos en 2024.  Pues bien, una vez firme la renuncia a las cuentas públicas de este año, ¿cuáles son las consecuencias? La más inmediata, claro está, es que continuaremos con la prórroga de los presupuestos de 2023. Pero exactamente, ¿qué supone eso? De entrada, que el Ejecutivo pierde margen de maniobra para aprobar nuevos impuestos o nuevas partidas de gastos.  El espacio natural en el que suelen fraguarse este tipo de medidas es en los presupuestos: de manera que, si a lo largo de 2024, quiere tomar alguna decisión en ese ámbito, deberá hacerlo a través de un proyecto de ley especifico, exponiéndose de nuevo a una derrota parlamentaria en cada uno de ellos (basta con recordar las enormes dificultades que tuvo el Gobierno para convalidar los últimos decretos-leyes).…
El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno a la fusión de Orange y MásMóvil, después de que el Gobierno haya autorizado la operación desde el punto de vista de la regulación relativa a las inversiones extranjeras, y también el acuerdo de espectro radioeléctrico alcanzado por las dos compañías con Digi y que se cerró para que la Comisión Europea diese luz verde a la transacción. "El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la fusión entre iguales por la combinación de sus negocios en España de dos operadoras del sector de las telecomunicaciones, Orange y Masmóvil. De esta fusión resulta el primer operador en España, con más de 30 millones de clientes de utilización de móviles, con más de 7 millones de clientes de banda ancha y de más de 2 millones de clientes de servicios de televisión", ha asegurado el titular de la cartera para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá. "La aprobación de esta fusión viene acompañada de un plan industrial de la entidad resultante que es verdaderamente ambicioso y con una orientación de muy medio plazo, con una política de inversiones muy potente durante los próximos años en infraestructuras digitales fijas y móviles", ha añadido Escrivá en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La operación, valorada en unos 18.600 millones de euros y que creará una compañía líder en el mercado español de las telecomunicaciones por número de clientes y cobertura de fibra y móvil, ya recibió el pasado 20 de febrero la aprobación por parte de la Comisión Europea. Tras la autorización del Ejecutivo, se espera que los trámites administrativos pendientes para cerrar la operación de forma definitiva concluyan en un par de semanas, por lo que se cumplirán los plazos contemplados por ambas compañías, que esperan…
Si por algo se caracteriza la coalición Sumar y su máxima representante, Yolanda Díaz, es por ser prolífica a la hora de hacer propuestas políticas y sociales, sean o no de su competencia, que no es otra que la de ministra de Trabajo y Economía Social de España. En este caso, el socio minoritario del Gobierno planteó el pasado diciembre en el Congreso un Pacto de Estado por el turismo en el que se incluyen diferentes medidas restrictivas y que se votará este miércoles en el hemiciclo.  Así, la idea de los socios de gobierno pasa ahora por un Pacto de Estado por un Turismo Justo, Sostenible e Inclusivo 2024-2030, nombre de la iniciativa que recoge un paquete de medidas que abogan por un turismo más sostenible y respetuoso con los derechos laborales, las ciudades y la vivienda, tal y como explicó el diputado de Compromís integrado en Sumar, Alberto Ibáñez.  En concreto, la intención de Sumar es que existan mecanismos de seguimiento y evaluación de las medidas, de las que habrá que dar cuenta a la Comisión de Industria y Turismo, así como al diálogo social y la Conferencia Sectorial de Turismo.  "Queremos impulsar este Pacto de Estado justamente ahora porque entendemos que, viendo las cifras de la recuperación del sector turístico, que, como bien sabéis, tuvo unos momentos muy complejos durante la pandemia, es el momento de tomar decisiones", explicó Ibáñez. Entre las medidas que incluye este pacto, presentado mediante una proposición no de ley y que se vota este miércoles en el Congreso destacan el incremento de los salarios en el sector, la reducción de la jornada laboral, terminar con la cultura de las horas extra y “reflexionar sobre la apertura los domingos del sector del comercio”. Veamos una por una: El empleo turístico a debate En…
El Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros de mañana martes la línea de avales de 2.500 millones de euros a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para acceder a la entrada de la compra de una vivienda para jóvenes y familias con menores a cargo. Así lo adelantó este sábado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un mitin de campaña de las elecciones autonómicas gallegas en Vigo, donde afirmó que el Gobierno aprobará esta línea de avales que cubrirá en un 20% la entrada de la compra de una vivienda para jóvenes y familias con menores a su cargo. Esta línea de avales del ICO va dirigida a menores de 35 años con ingresos anuales inferiores a 37.500 euros anuales y familias con menores a cargo para la cobertura parcial de los préstamos hipotecarios. La medida ya era conocida, la anunció por primera vez el propio Sánchez en mayo de 2023, en un acto en Santa Cruz de Tenerife, en la precampaña de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo en la que el presidente encadenó varios anuncios sobre esta materia, también la construcción de cientos de miles de nuevas viviendas públicas. Ahora Sánchez ha concretado que el Consejo de Ministros aprobará este mismo martes la apertura de la línea de avales y adelanta los planes iniciales del Ejecutivo, ya que hace apenas tres días, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, preveía aprobar esta medida a finales de este mes. El líder de los socialistas ha subrayado que esta medida servirá para cubrir esa entrada "que es la que dificulta a los jóvenes y a las familias el poder comprar una vivienda y el poder hipotecarse". "Esto se lo digo sobre todo a los jóvenes, por si no estáis enterados, para que…
El pasado mes de noviembre, el panorama político volvió a iniciar su curso con la nueva legislatura y, en lo que a materia sanitaria se refiere, también se inició lo que se puede calificar como una nueva etapa, la de Mónica García al frente del Ministerio de Sanidad.  Antes de entrar a comentar los cambios que ha traído consigo el nombramiento de García como ministra, quizás sea interesante puntualizar cuáles han sido los puntos clave de su recorrido político.   La madrileña, además de iniciar su carrera política en 2015 y haber sido, hasta ahora, líder de Más Madrid en la Comunidad de Madrid, donde se presentó a las elecciones autonómicas, es licenciada en Medicina y Cirugía y está especializada en anestesiología, cuyo desempeño ha llevado a cabo en el Hospital 12 de Octubre de Madrid.  La actual ministra de Sanidad ha defendido a ultranza durante toda su carrera política la sanidad pública. De hecho, en su toma de posesión, afirmó lo siguiente: “La misión será poner nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS) en el centro”. A esto, añadió que era un orgullo para ella decir por primera vez como ministra las palabras que tantas veces ha repetido: “Viva la sanidad pública”.  Con ello, desde un primer momento como ministra dejó claro que España vivía un momento clave en su historia en materia sanitaria y este no era otro que el de “blindar la universalidad”, porque, en palabras de García, no hay nada más justo y eficiente que tener una sanidad que atiende a todas las personas que viven en nuestro país.   Pero, para entender qué le depara a la sanidad en esta nueva etapa, no solo hay que remontarse a la toma de posesión de la actual ministra, sino a un poco antes. Mónica García tomó posesión de una de…
“Por el buen funcionamiento de cualquier empresa privada, sus órganos de gobierno deberían estar liderados por expertos gestores y ejecutivos, y no por políticos” A principios de año, Telefónica acordó con los sindicatos las condiciones del recorte de plantilla (ERE) en un momento muy delicado para la compañía por el terremoto accionarial derivado de la rentrée del Estado español como inversor. Surgen muchas dudas sobre la decisión de adquirir el 10% de la compañía, especialmente por producirse tras la irrupción en su capital de un nuevo accionista como es el Gobierno de Arabia Saudí a través de STC (Saudi Telecom Company).  La gran pregunta a responder por el Estado como nuevo inversor sería: ¿Por qué adquiero el 10% de Telefónica?, así como, ¿de dónde voy a sacar la financiación, y cuál es mi coste de oportunidad? La respuesta oficial a la primera pregunta es la de trasfondo estratégico y protección del interés nacional, que en general no están convenciendo al sector, ni al mercado.  Asumiendo que este fuera el propósito, el impedimento clave estaría relacionado con la financiación. Una compra apalancada significaría aumentar nuestra deuda pública, y en cualquier caso implicaría una adquisición con dinero público con un impacto aproximado de 2.000 millones de euros (equivalente al IVA anual de los alimentos). Esta decisión es muy cuestionable en un país administrado por un Gobierno que alcanza una deuda histórica récord con un déficit crónico galopante.  Otra incógnita sería, ¿por qué, si es un activo estratégico de país, se ha dejado pasar tanto tiempo para volver a su accionariado? Cabe resaltar que la privatización de Telefónica finalizó en 1997 y hasta la entrada del fondo árabe no se había planteado en la hoja de ruta de ningún Gobierno.  En otros países de nuestro entorno, como Francia, Alemania o Italia, sus Gobiernos conservan un porcentaje…
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha advertido de que, en un contexto de reactivación de reglas fiscales y el previsible incremento del gasto neto por las medidas anticrisis, se puede complicar el cumplimiento del objetivo de déficit del 3% este año y ha calificado de "llamativa" la decisión del Gobierno de convertir en permanentes los gravámenes a la banca y las energéticas, lo que convierte a estos impuestos en "multas ad hoc" para estos sectores. "Su conversión en exacciones permanentes, con independencia del nivel de beneficios, supone admitir que estamos en realidad ante multas ad hoc a determinados sectores, en vez de ante impuestos en el sentido habitual del término, pues estos deberían gravar la capacidad económica de acuerdo con reglas uniformes para todos", ha alertado Fedea en su último boletín de análisis de la situación económica. En materia de política económica, Fedea ha recordado que el Gobierno ha optado por una retirada gradual de las medidas tomadas para ayudar a los hogares a hacer frente a la fuerte subida de los precios de los productos y servicios básicos. En particular, se ha promulgado a finales de 2023 un Real decreto-ley que prorroga al menos durante un año las bonificaciones de precios del transporte público colectivo. El grueso de las medidas de alivio tributario a los precios de la energía y los alimentos básicos, por su parte, se irán retirando gradualmente, extendiéndose en principio sólo a la primera parte de 2024 en muchos casos. Para Fedea, muchas de estas medidas son "cuestionables". En concreto, ha señalado que las subvenciones directas o implícitas a los combustibles y la electricidad desincentivan el necesario ahorro energético, mientras que las ayudas que se aplican de forma universal, en lugar de limitarse a los colectivos que realmente las necesitan, generan un elevado…
El Gobierno ha aprobado este martes el incremento adicional del salario de los funcionarios del 0,5%, que tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2023, según ha avanzado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero y ha recogido Europa Press. La subida beneficiará a más de 3 millones de personas que desempeñan su labor para las Administraciones Públicas y tendrá un coste agregado de 818 millones de euros. Así, los salarios de más de tres millones de empleados públicos se incrementarán un 0,5% adicional desde 2023, debido a que el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) el pasado año alcanzó el 2,5%, superando las estimaciones del Gobierno en una décima. Esta subida ya se recogió en los Presupuestos Generales del Estado de 2023, tras el acuerdo firmado por el Gobierno, CCOO y UGT en octubre de 2022 fijaba una subida salarial para los funcionarios en 2023 del 2,5%, que incluía dos incrementos adicionales del 0,5% cada uno, ligados a la inflación y al crecimiento económico. Ya el pasado mes de octubre se aprobó otra subida del 0,5% adicional del salario de todos los empleados públicos, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2023, porque el IPCA de 2022 y 2023 --hasta septiembre-- superó el 6%. Ahora, se ha aprobado la segunda subida adicional del 0,5% ligada a la evolución del crecimiento económico, tras la certificación formal del INE. Una vez aprobado, el salario de los empleados públicos habría subido en 2023 otro 3,5%, lo mismo que en 2022. "La economía va bien y, por tanto, acompañamos los salarios de nuestros empleados públicos en esta coyuntura económica", ha destacado Montero. Incremento salarial fijo del 2% en 2024 Para este año, el texto del acuerdo contempla un incremento salarial fijo del 2% sobre la base…
El presidente del Gobierno cita la ampliación de Barajas como "la mayor inversión" aeroportuaria de la década, con 2.400 millones El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este viernes en el acto ‘Sostenibilidad social: diseñar hoy el turismo de mañana’, en el stand de Turespaña de la feria turística Fitur, que la inversión para la ampliación del aeropuerto madrileño de Barajas alcanzará los 2.400 millones de euros.  Así, ha destacado la importancia del proyecto de ampliación del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, que constituye la "mayor inversión en la última década" en infraestructuras aeroportuarias con 2.400 millones de euros destinados al proyecto. Sánchez ha destacado durante su visita a Fitur 2024 que el valor de esta iniciativa "trasciende" las fronteras españolas y permitirá un "fuerte crecimiento" en capacidad y rutas en este aeropuerto, así como la creación de miles de empleos directos e indirectos, lo que se traduce en "generación de riqueza". El presidente del Gobierno ha puesto en valor que Barajas genera, hoy en día, "nada más y nada menos que casi el 10% del PIB de la Comunidad de Madrid", una cifra que "va a crecer significativamente" cuando la obra esté terminada. Además, ha subrayado que se va a fortalecer el liderazgo de este hub con América Latina y se va a desarrollar la "ambición" de que sea también un hub de conexión con Asia, atrayendo nuevas rutas y aerolíneas que operen a este continente. Con todo ello, ha asegurado que esta ampliación permitirá alcanzar los 90 millones de pasajeros para 2031, según la previsión, un 28% más. "Creo que es un aeropuerto que va a ser una seña de identidad de España en los próximos años", ha apuntado, añadiendo que "será el aeropuerto con más potencial de crecimiento de Europa". Las reacciones políticas a la ampliación de Barajas Al respecto, el…
Garamendi critica que se hable de diálogo social cuando el Gobierno ya ha tomado una decisión sobre la reducción de jornada El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, no rechaza hablar de la reducción de la jornada laboral, aunque puntualiza que esta se debe hacer "sector a sector" y en "cada mesa de negociación, como se ha hecho siempre". "Nadie está diciendo que no se puede reducir la jornada, de hecho hay sectores con más productividad que tienen menos jornada. No todos los sectores son iguales, por eso lo que planteamos es que se haga sector a sector, en cada mesa, que es como se ha hecho siempre", indicó este lunes Garamendi durante su participación en el foro de 'Innovación Turística-Hotusa Explora'. Al ser preguntado por la posición de la CEOE, el presidente de la patronal afirmó que esta mesa de negociación "ya tiene marcado el final y el resultado", por lo que "no se puede hablar de diálogo social" cuando el Gobierno ya ha tomado una decisión que obedece a "un hito político". Así se refería Garamendi a las declaraciones de unas horas antes de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que se ha comprometido a llevar la reducción de la jornada laboral hasta la 37,5 horas al seno del diálogo social, con sindicatos y patronal, pero ha asegurado que lo llevará a cabo aunque la parte empresarial no esté de acuerdo. Garamendi ha señalado que el tema se tratará "cuando convoquen" a la patronal y ha insistido en que, según la Encuesta de Población Activa, de media se trabajan 39 horas y media, mientras que la real es 34 horas y media, por lo que ha reiterado que la reducción hay que tratarla "por sectores". Nuevas tensiones de Díaz con las empresas…