Una democracia ejemplar (por el diputado Gabriel Elorriaga)

El funcionamiento del sistema democrático español admite aún muchas mejoras, no debe existir duda sobre eso, pero las reformas han de ir dirigidas a profundizar en sus pilares, no a subvertirlos. A partir de lo anterior, justo es reconocer que las carencias eran muchas y que la pérdida del impulso reformista nos había ido lastrando. Por eso, junto a la urgencia derivada de la necesidad de atender la crisis económica, el Gobierno del Partido Popular afrontó desde el comienzo un ambicioso programa de reformas orientadas a perseguir la regeneración política e institucional de España. Transparencia, ejemplaridad y austeridad han sido los ejes para recuperar la confianza de los ciudadanos en sus representantes; más prevención y control, y mayores castigos para los infractores, esos han sido los instrumentos para avanzar. La nueva ley de financiación de los partidos políticos ha reforzado el control de una materia delicada en casi todas las democracias de nuestro entorno. La ley de transparencia, siempre prometida y nunca aprobada por el anterior gobierno socialista, ha supuesto un avance muy sustancial logrado mediante una tramitación ejemplar, abierta al diálogo y a los más amplios acuerdos, que irá transformando las formas de actuación pública a lo largo de los próximos años. Y se encuentran aún en tramitación parlamentaria algunos proyectos esenciales que completarán un nuevo entorno legislativo que enmarcará mejor la acción política en España. Tras el esfuerzo realizado, el Presidente del Gobierno ha propuesto dar un nuevo paso, mucho más ambicioso. Todo el paquete de reformas legislativas, siendo muy relevante, se proyecta básicamente sobre la esfera del funcionamiento interno de partidos y sindicatos, de las administraciones públicas, o de sus integrantes. Sin embargo, la propuesta de reforma electoral que ahora se ha puesto sobre la mesa para su debate está dirigido a los ciudadanos, a mejorar los mecanismos de participación política y reforzar sus instrumentos de control de las decisiones públicas. Ante un panorama pluripartidista como el actual, resulta muy oportuno entregar a los electores la capacidad de tomar directamente la decisión última sobre quién y cómo quieren que se les gobierne. La alternativa a la elección directa de los alcaldes es su elección por las cúpulas de los partidos políticos, posiblemente muy distantes de los intereses y preferencias locales. En todo el mundo democrático el gobierno local es el más ejecutivo, el que con más determinación busca la eficacia en la resolución de los intereses inmediatos de los vecinos, el que más nítidamente rehúye posicionamientos ideológicos y más aprecia la personalidad del responsable político de referencia, el alcalde. Personalizar la elección refuerza la responsabilidad política y pondría en manos de los vecinos una potestad de la que ahora carecen. Decidir cuál es la mejor fórmula para que los ciudadanos decidan debe ser objeto de acuerdo, y sin duda existe margen para alcanzarlo. Si lo conseguimos, sin duda tendremos una democracia un poco mejor.]]>

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