Luis Ayala es catedrático de Economía en la Universidad Rey Juan Carlos.
España es uno de los países europeos donde mayor es la desigualdad. Según los datos más recientes, el 20% más rico de la población acumula un porcentaje de renta siete veces mayor que el 20% más pobre. Esta cifra sólo es superada por Lituania, Rumanía y Bulgaria.
Un 22% de los hogares tienen ingresos por debajo del umbral de pobreza y, según la última EPA, más de 600.000 hogares no tienen ingresos del trabajo, ni de prestaciones de la Seguridad Social ni de prestaciones de desempleo.
Sería osado, por tanto, negar la magnitud del problema y sus posibles consecuencias. La prolongación en el tiempo de estas diferencias no sólo tendría consecuencias sociales relevantes, con riesgos sobre la calidad del sistema democrático y la estabilidad social, sino que podría producir también ineficiencias en el propio sistema económico.
El consenso sobre los determinantes y las posibles soluciones es menos sólido. Para muchos, la solución es sencilla: retornar a los niveles de crecimiento económico anteriores a la crisis supondrá volver a indicadores de desigualdad similares a los de entonces. Este automatismo casa mal, sin embargo, tanto con lo sucedido en recesiones anteriores como con la evidencia acumulada sobre los determinantes últimos del proceso distributivo en España.
En primer lugar, existe creciente evidencia empírica de que el impacto de las fases expansivas de la economía sobre los hogares con menos renta es sensiblemente inferior al que tienen las recesiones. La desigualdad no disminuyó durante el período de bonanza anterior a la crisis, mientras que aumentó velozmente en ésta.
En segundo lugar, hay un marcado componente estructural en la desigualdad en España. La creencia tan extendida de que la única clave para reducirla es la creación de empleo se enfrenta a la evidencia de una reducida sincronía entre los cambios en la ocupación y la evolución de la desigualdad. Mayores niveles de empleo son una condición necesaria pero no suficiente para rebajar sustancialmente un problema profundamente enquistado en la estructura social.
La relación entre el mercado de trabajo y la desigualdad está determinada, además, no solo por la evolución de los flujos sino por el tipo de empleo creado. Los datos más recientes de contratación ofrecen un panorama poco estimulante, con el predominio de las formas más ligadas a bajos salarios. Un ciclo expansivo no alterará sustancialmente las características básicas de la estructura salarial sin cambios en la estructura productiva o en el marco legislativo orientados a reducir la dispersión de las remuneraciones.
"Para que la desigualdad en las rentas primarias no se traduzca en una ampliación de la brecha en la renta disponible resulta necesario un gran efecto compensador desde las políticas redistributivas"
Las prestaciones sociales en España tienen un claro efecto reductor de la desigualdad, pero esa capacidad se ha ido reduciendo y es, además, claramente inferior a la de otros países europeos. Resulta muy difícil aumentar su impacto sin que crezca el volumen del sistema, en claro contraste con los recortes que impuso la crisis. Hay que dar respuesta, además, a otros problemas, como un déficit muy importante en las prestaciones familiares, la reducción de la fragmentación y el aumento de la cobertura del sistema de garantía de ingresos y la ausencia de instrumentos específicos para los trabajadores con bajos salarios.
Avanzar en esas líneas exige necesariamente cambios en el sistema fiscal. Siendo necesaria la revisión de la regresividad de algunas figuras tributarias, como la imposición sobre el consumo, o de las importantes lagunas en otras, como la imposición sobre el capital, resultan fundamentales los cambios en el IRPF.
La moderación de la inequidad en el trato que reciben las distintas fuentes de renta y la disminución del fraude fiscal deberían ser componentes básicos de cualquier plan integral de reducción de la desigualdad. Aun siendo de gran envergadura el reto de la disminución del fraude fiscal, es cada vez más relevante por sus consecuencias sobre la eficiencia y la equidad. Estimaciones recientes revelan una acusada desigualdad en el fraude por fuentes y niveles de renta.
"Aun siendo de gran envergadura el reto de la disminución del fraude fiscal, es cada vez más relevante por sus consecuencias sobre la eficiencia y la equidad"
Finalmente, no hay que olvidar que el aumento de la desigualdad en los países ricos tiene como principal determinante los cambios en el equilibrio de poder de los agentes sociales. Las medidas para reducir la desigualdad sólo podrán ser exitosas mediante un reequilibrio en esa distribución. Las vías, como señaló Atkinson en su último libro (Inequality. What can be done) son varias, como la definición de objetivos distributivos explícitos en la política de competencia, el aseguramiento de un marco legal que favorezca ese equilibrio y un refuerzo de las instituciones que representan a los diversos agentes sociales.
