El Tribunal de Cuentas considera que el expresidente de la Generalitat Artur Mas tuvo una "intervención decisiva" en el "daño a los fondos públicos" que generó la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014, por lo cual el exmandatario autonómico deberá abonar 4,9 millones de euros.
Este tribunal, en una sentencia dada a conocer este lunes, concluye que Mas y varios de sus exconsejeros y ex altos cargos deben devolver a las arcas públicas el gasto millonario que se destinó a celebrar la consulta del 9-N.
Así, Mas deberá pagar 4.946.788,16 euros por "todos los daños causados por los gastos vinculados a la consulta y al proceso de participación que se declaran no justificados en la presente sentencia, y que se relacionan en el fundamento jurídico undécimo de la misma".
También deberán hacer frente a elevadas multas Joana Ortega, exconsejera de Gobernación y Relaciones Institucionales; Francesc Homs, exconsejero de Presidencia; Irene Rigau, exconsejera de Educación; Luis Bertrán, ex subdirector general de Administración y Servicios del Departamento de Gobernación; Josefina Valls, ex directora de servicios de Gobernación; Ignasi Genovés, ex director general de Difusión del Departamento de Presidencia; Jordi Vilajoana, ex secretario general de la Presidencia; Jaume Domingo, director general del Diario Oficial de la Generalitat; y Teresa Prohias, exdirectora de Servicios de Presidencia.
