Los transportistas denuncian el “Madrid Central” de Carmena

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Redacción

Circular por el centro de Madrid se está convirtiendo en una auténtica odisea para conductores y peatones, gracias a los esfuerzos del Ayuntamiento que dirige Manuela Carmena (Ahora Podemos). Los transportistas sin duda, son uno de los principales sectores, junto con el comercio, que va a notar más complicaciones en su trabajo a partir del próximo 30 de noviembre, fecha en la que comenzarán las restricciones al tráfico rodado en buena parte del la almendra central. En total se estima que las pérdidas ascenderán hasta los 1.300 millones de euros.

La asociación CETM-Madrid, que representa a empresas del sector del transporte de mercancías por carretera de la Comunidad de Madrid, expresó este lunes su “tremenda preocupación por la desinformación y desorganización que se está produciendo en torno al proyecto Madrid Central”.

La asociación indicó en un comunicado que es una consecuencia más de que el Ayuntamiento de Madrid “haya optado por la vía de la imposición, renunciando al diálogo y consenso con los sectores afectados”.

La CETM indicó que la aprobación del decreto regulador de Madrid Central, el pasado 29 de octubre, “no ha supuesto la puesta en marcha de un servicio de información ciudadana, ni de activación de los procedimientos para la gestión de los permisos especiales para determinadas circunstancias y servicios”.

Para CETM-Madrid, que representa a cerca de 500 empresas del sector del transporte de mercancías por carretera de la Comunidad de Madrid, con más de 5.000 vehículos y en torno a 10.000 trabajadores, la nueva regulación del área de acceso restringido de Madrid Central “está suponiendo un auténtico caos para el sector de la distribución urbana”.

En este sentido, lamentó que “al desconcierto de información generado desde el Ayuntamiento, se une la gran inseguridad jurídica en cuanto a la renovación de flota, ya que se trata de una medida prevista hasta 2025, cuando existen vehículos cuya vida útil es de más de 15 años”.

Por ello, añadió que la ausencia del necesario estudio de impacto sobre la actividad económica en Madrid, y más concretamente sobre la actividad del transporte de mercancías por carretera, “ha provocado que desde los diferentes sectores afectados se haya solicitado mayor flexibilidad, siempre con un firme compromiso de que se adopten medidas de mejora de la calidad del aire, pero que se trate de medidas realistas y asumibles”.

Por último, indicó que al sector del transporte le va a suponer un perjuicio económico de más de 1.300 millones de euros, al verse obligado a renovar el 90% de su flota de aquí a 2025.

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