El Ministerio para la Transición Ecológica, dirigido por Teresa Ribera, ha hecho públicos hoy unos planes que ocasionarán que los españoles paguemos, a partir de 2030, -momento en el que muchas de las actuales centrales nucleares habrán echado el cierre- más del doble de lo que actualmente estamos pagando en la factura de la luz.
Además, de llevarse a cabo los planes socialistas de eliminar todas las energías fósiles en tan poco espacio de tiempo, las empresas españolas del sector industrial verán muy mermada su competitividad en los mercados internacionales. Fabricar aquí las cosas tendrá unos costes elevadísimos. Si al coste de la energía sumamos también los costes sociales de cada puesto de trabajo.
Por si esto fuera poco, si del Ejecutivo de Sánchez dependiera, se prohibiría circular a todos los coches actuales: gasolina, diésel e híbridos. Esto son algunos de los puntos que se incluirán en el nuevo proyecto de ley que deberá ser aprobado próximamente por el Parlamento. La excusa: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 20%, con respecto a las cifras de 1990.
Sin embargo, diversos expertos consultados por CAPITAL se han mostrado muy críticos con la efectividad de estas medidas y apuntan, no sin cierta ironía, que la mejor manera de cumplir esto objetivos sería echar el cierre al sector industrial al completo.
De hecho, la prohibición que dará al traste con el sector del automóvil en España (director e indirectos), llevará a la desaprición de miles de puestos de trabajo. Pensemos por ejemplo, en la planta de Volkswagen de Landaben (Navarra), Seat en Martorell (Barcelona) o la de Ford en Almussafes (Valencia), por ejemplo.
Estas pérdidas se unirán a las que sufrirá el sector nuclear en España, y a los trabajadores de las plantas de carbón o de ciclo combinado (gas+carbón).
