Las VTCs hacen responsable a la Generalidad de los despidos

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Redacción

La patronal de las VTCs, que representa al 90% del sector en España, ha advertido que el Decreto del actual consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de Cataluña, Damià Calvet, para blindar al monopolio del taxi supondrá el mayor Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de la historia reciente de Cataluña.

En concreto, la aprobación del nuevo Decreto Ley de la Generalidad, que imposibilita en la práctica la operativa de Uber y Cabify, supondrá de manera directa e inmediata, la destrucción de los más de 3.000 empleos que genera el sector de VTC en la comunidad autónoma. Con el agravante, de que la mitad de estas personas son mayores de 45 años, personas con cargas familiares, y grave riesgo de verse excluidas del mercado laboral.

Las principales empresas del sector de la VTC en Cataluña han empezado a presentar esta mañana, fecha de entrada en vigor del Decreto, los correspondientes Expedientes de Regulación de Empleo ante el Ministerio de Empleo, por la imposibilidad de seguir operando en Cataluña bajo la nueva regulación. Las grandes empresas del sector en Cataluña, Vector Ronda, Moove Cars y Auro han iniciado los procesos de resolución de los contratos laborales de sus 1000, 750 y 330 trabajadores respectivamente, como así lo han confirmado sus representantes, socios de Unauto VTC Cataluña.

“Con el Decreto del señor Calvet se destruye todo el tejido industrial del sector VTC catalán. Estamos hablando de decenas de empresas y muchos autónomos titulares de autorizaciones VTC que ven desaparecer su derecho a ganarse la vida dignamente. Y todo porque el señor Calvet ha cedido al chantaje del taxi” sostiene Eduardo Martín, presidente de Unauto VTC.

“Además, Cataluña verá mermada sus arcas públicas en alrededor de 120 millones de euros al año y unos 310 millones de aportación al PIB de la región; y tendrá que hacer frente a reclamaciones por más de 1.000 millones de euros por parte de los titulares de autorizaciones VTC”, sentencia Martín.

“En definitiva, un desastre económico y laboral que va en detrimento de todos los catalanes. Y que manda una señal clara a Europa y al mundo: En Cataluña se puede secuestrar una ciudad si quieres que cambien la ley a tu favor. En una comunidad autónoma dónde reina la arbitrariedad y la incertidumbre regulatoria y jurídica. ¿Quién se va a atrever a invertir?”, se pregunta Martín.

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