El Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado que la Agencia Tributaria investigará durante este año las actividades logísticas ligadas a las grandes empresas de comercio electrónico que operan en España, como parte del paquete de medidas de lucha contra el fraude fiscal recogido en el Programa de Estabilidad para el periodo 2019-2022.
Así consta en dicho documento que el Ejecutivo español remitió el pasado 30 de abril a la Comisión Europea, en el que pone de manifiesto que pondrá la lupa en actividades de la nueva economía.
Destaca que prestará atención a las actividades logísticas ligadas al comercio electrónico y seguirá analizando y estudiando los nuevos medios de pago para "avanzar en su control".
En el ámbito financiero, el Gobierno recoge en el Programa de Estabilidad que realizará un estudio inicial de las tecnologías fintech para "evitar que su despliegue altere el grado de conocimiento que la Agencia Tributaria mantiene sobre la actividad económica, al tiempo que se analizan sus posibilidades para mejorar el servicio a los contribuyentes".
También hace referencia a los riesgos fiscales observados en las operaciones con criptomonedas y apunta que analizará la información aportada por terceros sobre la tenencia y operaciones con monedas virtuales realizadas en España y en el extranjero por contribuyentes residentes en España, en aplicación de la nueva normativa que está previsto que se apruebe en 2019.
Por otra parte, está en la hoja de ruta del Gobierno continuar con las actuaciones que se venían llevando a cabo sobre los nuevos modelos de distribución y nuevas actividades como la triangulación de envíos, en la que las ventas realizadas por una empresa son entregadas por otras, y las "tiendas de tiendas" instaladas en páginas web.
Estas medidas se suman a otras para combatir el fraude fiscal con las que el Ejecutivo prevé ingresar hasta 828 millones de euros de un total de 5.654 millones que estima que recaudará por nuevas medidas tributarias (entre ellas la Tasa Google y la Tasa Tobín o una mayor contribución de las grandes empresas). El Gobierno fía así un 14,6% de esa recaudación adicional a las actuaciones de lucha contra el fraude fiscal.
