La Policía Nacional y la Seguridad Social han firmado un convenio para perseguir el fraude y la delincuencia económica en el ámbito de la Seguridad Social.
Este convenio ha sido suscrito entre la Secretaría de Estado de Seguridad, la Secretaría de Estado de Seguridad Social, la Dirección General de la Policía y la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social y su duración se extenderá hasta el 30 de noviembre de 2019.
Estas administraciones ya venían colaborando en la investigación y persecución de delitos y otras infracciones en materia de Seguridad Social a través de la actuación de la Sección de Investigación de la Seguridad Social, encuadrada en la Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).
Con el convenio se refuerza la colaboración y la coordinación, ante la evolución en las modalidades de fraude y el incremento de la delincuencia organizada.
En concreto, se establece un marco eficaz y dinámico de relaciones entre las direcciones generales de la Policía y de la Tesorería de la Seguridad Social para realizar las inspecciones e investigaciones policiales específicas en relación con asuntos que revistan carácter delictivo y, en especial, cuando atenten contra los intereses y el patrimonio de la Seguridad Social en sus distintas manifestaciones.
Policía y Seguridad Social colaborarán mutuamente en la fase de investigación policial, así como en el inicio de la acción penal, la posterior instrucción, enjuiciamiento y ejecución por los Órganos Judiciales y cooperarán en la formación para mejorar la adecuación permanente de los profesionales en sus labores de prevención y lucha contra los delitos económicos en materia de Seguridad Social. Asimismo, en virtud del convenio se estudiará permanentemente la evolución de las formas de fraude y la aparición de nuevas conductas delictivas en el ámbito de la Seguridad Social.
Dentro del Plan de Objetivos y Actuaciones del ejercicio de 2019, se pretende que las investigaciones relativas a delitos contra la Seguridad Social del artículo 307 del Código Penal, empresas ficticias y altas fraudulentas adquieran una “relevancia significativa” dentro de la actividad investigadora de la Seguridad Social.
Para la gestión de asuntos comunes y la puesta en práctica del Plan de Objetivos y Actuaciones del ejercicio de 2019 se asigna un crédito por un importe máximo de 500.000 euros anuales, con independencia de los gastos por desplazamientos, alojamiento y manutención de los componentes de la Sección de Investigación de la Seguridad Social. El crédito irá con cargo al presupuesto de la Tesorería General de la Seguridad.
Asimismo, se constituirá una comisión mixta de vigilancia y seguimiento del convenio, integrada por dos representantes de cada parte, y se reunirá tantas veces como estime oportuno.
