El Consejo de Administración de Adif tiene previsto celebrar una sesión extraordinaria el próximo 17 de julio para aprobar el documento definitivo de la declaración de red que contiene el calendario para que las empresas interesadas en competir con Renfe en los servicios comerciales en España presenten sus ofertas antes del 31 de octubre.
En dicho documento, según explicó a Servimedia un portavoz de Adif, el gestor ferroviario debe incluir las aportaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), aportaciones que Adif considera “razonables”, en palabras de dicho portavoz.
De esta manera, el gestor dará el pistoletazo de salida al concurso con el objetivo de haber seleccionado a las empresas que competirán con Renfe antes del 15 de diciembre de 2019, para que cuenten con un año de plazo antes de ofrecer sus trenes en las vías españolas.
En su informe sobre la modificación de la Declaración sobre la Red, la CNMC valoró la transparencia que introduce el documento, aunque advirtió de que las empresas ferroviarias deben tener la opción de solicitar la capacidad marco que consideren adecuada a su plan de negocio sin quedar condicionadas por la estructura y la capacidad de los paquetes propuestos por Adif.
Por ello, sostuvo que Adif únicamente puede aplicar los criterios de prioridad de contenidos en su propuesta cuando las peticiones superen la capacidad disponible y que, en caso contrario, debe adjudicar capacidad a todas las empresas que la soliciten.
En caso de superar dicha capacidad, para la CNMC la agrupación en paquetes y el criterio de asignación (mayor uso en 10 años) resultan adecuados porque permiten priorizar a las empresas ferroviarias que se comprometan a realizar un uso más intensivo de todos los corredores de alta velocidad de la red.
Sin embargo, el informe de la CNMC cuestiona que la duración de los contratos a largo plazo deba ser de 10 años para valorar la intensidad de uso. Por tanto, considera que la vigencia debe reflejar la petición de capacidad realizada por las empresas ferroviarias, que se podrá prorrogar de forma justificada de acuerdo con la normativa vigente.
También valora que, si es posible, los paquetes sean adjudicados a empresas diferentes. Es decir, que no formen parte del mismo grupo empresarial, ni sus socios ostenten participaciones de control o ejerzan influencia decisiva en distintos adjudicatarios de capacidad.
Por último, ante las importantes similitudes que presenta la oferta actual de Renfe con el denominado 'paquete A' (el mayoritario), pide reducir este acuerdo marco a cinco años renovables para facilitar la adaptación de la empresa pública al nuevo contexto liberalizado.
De esta manera, el gestor dará el pistoletazo de salida al concurso con el objetivo de haber seleccionado a las empresas que competirán con Renfe antes del 15 de diciembre de 2019, para que cuenten con un año de plazo antes de ofrecer sus trenes en las vías españolas.
En su informe sobre la modificación de la Declaración sobre la Red, la CNMC valoró la transparencia que introduce el documento, aunque advirtió de que las empresas ferroviarias deben tener la opción de solicitar la capacidad marco que consideren adecuada a su plan de negocio sin quedar condicionadas por la estructura y la capacidad de los paquetes propuestos por Adif.
Por ello, sostuvo que Adif únicamente puede aplicar los criterios de prioridad de contenidos en su propuesta cuando las peticiones superen la capacidad disponible y que, en caso contrario, debe adjudicar capacidad a todas las empresas que la soliciten.
En caso de superar dicha capacidad, para la CNMC la agrupación en paquetes y el criterio de asignación (mayor uso en 10 años) resultan adecuados porque permiten priorizar a las empresas ferroviarias que se comprometan a realizar un uso más intensivo de todos los corredores de alta velocidad de la red.
Sin embargo, el informe de la CNMC cuestiona que la duración de los contratos a largo plazo deba ser de 10 años para valorar la intensidad de uso. Por tanto, considera que la vigencia debe reflejar la petición de capacidad realizada por las empresas ferroviarias, que se podrá prorrogar de forma justificada de acuerdo con la normativa vigente.
También valora que, si es posible, los paquetes sean adjudicados a empresas diferentes. Es decir, que no formen parte del mismo grupo empresarial, ni sus socios ostenten participaciones de control o ejerzan influencia decisiva en distintos adjudicatarios de capacidad.
Por último, ante las importantes similitudes que presenta la oferta actual de Renfe con el denominado 'paquete A' (el mayoritario), pide reducir este acuerdo marco a cinco años renovables para facilitar la adaptación de la empresa pública al nuevo contexto liberalizado.
