¿Por qué las empresas mineras gallegas pagan por la restauración minera distinto que las del resto de España?

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Redacción

España es el país de Europa con menor índice de consumo/habitante/año de áridos (material granulado procedente de explotaciones mineras que se utiliza como materia prima en la construcción principalmente), habiéndose cerrado el ejercicio 2018 con una producción aproximada de 120 millones de toneladas de áridos naturales. A esta cantidad hay que sumar 1,7 millones de toneladas de áridos reciclados y 0,7 millones de toneladas de áridos artificiales. El consumo total de áridos, en el año 2018, para la construcción alcanzó los 123,3 millones de toneladas, de los que 5,8 millones de toneladas (4,7%) no proceden de explotaciones de áridos.

La desaceleración económica general y la ausencia de una planificación de licitaciones de obras públicas acorto y a medio plazo han llevado a todos los sectores de productos de la construcción a revisar a la baja las perspectivas iniciales. Así, es importante resaltar cómo la aplicación de los principios de la economía circular va avanzando de forma progresiva.

En relación con normativa de aplicación en materia de restauración y rehabilitación minera, en la gran mayoría de las Comunidades autónomas se aplica sólo el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras, siendo de aplicación supletoria la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

Sin embargo, en la Comunidad gallega se diferencia de la norma estatal en que la cuantía de la garantía corresponderá a la suma de dos conceptos: uno responderá del cumplimiento de las obligaciones de financiación y viabilidad de los trabajos mineros y otro responderá del cumplimiento del plan de restauración ambiental.

Respecto a la garantía que responde del cumplimiento de las obligaciones de financiación y viabilidad de los trabajos mineros, su importe será del 4 % del presupuesto de inversión, en caso de una autorización de aprovechamiento o una concesión de explotación, y de un 20 % para los permisos de exploración o investigación.

En Baleares, las garantías financieras, se diferencian de los criterios estatales, solo fija una garantía y un plazo de dos meses a contar desde que se le haya notificado el otorgamiento. Otras diferencias son que la autoridad minera fija la garantía de acuerdo con unos parámetros y que la persona titular de la explotación asumirá la obligación de actualizar la fianza cada tres años durante la vigencia de la concesión o la autorización de la explotación, de acuerdo con la variación anual del índice de precios al consumo en las Illes Balears.

En el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, existe una cierta indefinición de criterios precisos en el cálculo de las garantías financieras o equivalentes de la restauración minera y la posibilidad que las distintas comunidades autónomas puedan regular esta materia.

La administración autonómica competente, realizará el cálculo de cada una de las garantías financieras o equivalentes de forma independiente, según los criterios que se establezcan en el anexo IV de este Real Decreto, si bien condicionado a asegurar la existencia de fondos fácilmente disponibles en cualquier momento por parte de la autoridad competente para la rehabilitación de los terrenos, conforme se describa en el plan de restauración autorizado.

El cálculo de esta garantía financiera o equivalente se realiza teniendo en cuenta el impacto ambiental de las labores mineras y el uso futuro de los terrenos a rehabilitar, y posibilita, en caso de ser necesario, que terceros independientes debidamente cualificados puedan evaluar y efectuar cualquier trabajo de rehabilitación necesario.

Las consecuencias son que las empresas mineras de los diversos subsectores existentes en minería(metálica, áridos, roca ornamental, yesos, carbón, cal, etc) con la aplicación del actual Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, no tiene unos criterios suficientemente precisos para saber el coste de la garantía financiera de la restauración para cada explotación minera.

De conformidad con lo anterior se haría necesario regular por las distintas comunidades autónomas los parámetros de aplicación para el cálculo de la cuantía de la garantía, así como establecer los modelos que se consideren necesarios para las distintas garantías de restauración. Lo ideal sería que las distintas regulaciones que se fueran aprobando no supongan una disparidad de costes en según qué comunidad autónoma.

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