Los costes de no reformar la ley electoral

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Redacción

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, y el de ERC, Gabriel Rufián, están encantados de salir ante los medios de comunicación y mostrarles su poder. Los siete diputados de los primeros y los trece de los segundos se antojan decisivos para que PSOE y Podemos puedan formar un Gobierno, y a ellos se ve que les entusiasma ese modo de tener a España bajo su bota. No lo disimulan. La pregunta de muchos es por qué tienen que aguantar los españoles todo esto. Nacionalistas vascos y catalanes ya han ganado mucho comerciando con sus votos desde que se instauró la democracia, pero es evidente que quieren más.

El País Vasco ha sido claramente el más beneficiado. El PNV ha ido dando sus votos a quien le interesara a cambio de ventajas para su comunidad. La Ley del Cupo, en la que se infravalora de manera notoria la aportación de la región a la financiación de las competencias que el Estado asume en su nombre, es el ejemplo más palpable. “Los diferentes estudios que se han llevado a cabo a lo largo del tiempo cifran el cupo en 3.000 ó 4.000 millones de euros anuales que el País Vasco paga de menos por las competencias que el Estado asume en su su nombre”, señala Mikel Buesa, catedrático de Economía de la Universidad Complutense de Madrid.

Para este vasco no hay ninguna duda de que sus paisanos viven en una situación de privilegio respecto al resto de España: “Se vio muy claramente en las cuentas públicas territoriales que el Ministerio de Hacienda publicó cuando gobernaba el PP. En números redondos, el País Vasco recibe del Estado el doble de financiación por habitante que la media de las demás comunidades autónomas: la media está en unos 2.000 euros por habitante; Navarra recibe más de 3.000 y el País Vasco 4.000”.

Lo más sangrante, sin embargo, está en las inversiones: “Ahora han dicho que darán sus votos a cambio de gestionar ellos su Seguridad Social. Eso no tiene coste: si no llegaran a pagar sus pensiones, las abonaría el Estado. Pero las inversiones son otra cosa. Ellos quieren la alta velocidad: la Y vasca, que realmente es un tren de cercanías de alta velocidad. Une Vitoria con Bilbao, que son unos 60 kilómetros, y Vitoria con San Sebastián, que pueden ser 80. Es aproximadamante la distancia que recorren los trenes que unen Madrid capital con algunos pueblos de la sierra. Pero ellos con alta velocidad, y la construcción está siendo carísima. Es un lujo que no tienen otras comunidades”.

Al mismo tiempo, Buesa admite que hay un precedente: el ferrocarril Toledo-Albacete: “Fue el peaje que hubo que pagar a José Bono, cuando era presidente de Castilla La Mancha, para que agilizara los permisos y se pudiera construir el AVE a Valencia. Él quería ir en alta velocidad cuando tuviera que visitar Albacete. Funcionó durante unos años y se convirtió en la primera línea de alta velocidad que se ha cerrado por este tipo de desmanes. Tenía una media de cuatro o cinco viajeros por semana”.

La anécdota, sin embargo, no resta un ápice a las ventajas del País Vasco, y a su avaricia: “Ya lo tienen casi todo, pero siempre quieren arrancar un poco más de dinero”, sostiene Buesa.

El catedrático estima que la cuestión catalana es diferente: “Su financiación es aproximadamente igual a la de las comunidades autónomas de régimen común”. Sin embargo, se ha hablado mucho del dinero adicional que ha llegado a la región a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA): “Ha recibido mucho por dos motivos: porque es una región muy grande y por su pésima gestión económica, que le había llevado a la ruina financiera. Ha sido el modo de rescatar a Cataluña, pero no es un privilegio: es una deuda que tiene que devolver; a no ser que se condone. Eso sí sería un privilegio. Es algo de lo que se ha hablado, pero no hay ninguna resolución práctica al respecto”.

En inversiones, también se ha llevado, pero Buesa lo ve más razonable: “Los estudios de dotación de capital público reflejan que no ha habido un trato especialmente privilegiado debido a su tamaño geográfico y económico. Se ha invertido en infraestructuras, pero por allí pasa mucha gente: los murcianos con sus pepinos, los valencianos con sus naranjas… Su gasto a veces es mayor que la media, pero no creo que se le haya beneficiado especialmente. Si se mira en detalle, a lo mejor se descubre algo, pero pienso que no se le ha beneficiado ni perjudicado de un modo relevante”.

El mito del España nos roba, por tanto, desaparece también en este caso: “El saldo fiscal, lo hayan calculado bien o mal los catalanes (lo han calculado mal, pero da igual), es una parte de la balanza de pagos de Cataluña. La balanza de pagos tiene una parte financiera (donde se incluye la parte fiscal) y otra comercial (transacciones, importaciones y exportaciones). El saldo de la balanza de pagos es, por definición, cero. No puede ser otro. Es así por construcción contable. Que haya un saldo negativo en la parte financiera significa que hay un saldo positivo de igual cuantía en la parte comercial. El saldo fiscal no es más que la expresión del dominio que las empresas catalanas tienen del mercado interior español. Si no hubiera ese dominio, tampoco habría esa balanza fiscal negativa, pero no es que los demás robemos a los catalanes: compramos sus mercancías y sus servicios. Esa balanza comercial positiva con España es la contrapartida de los flujos financieros negativos. No puede ser de otra manera, salvo que fuera una economía completamente cerrada. Si los catalanes quisieran eliminar el saldo financiero negativo, también eliminarían el saldo comercial positivo: venderían mucho menos en el mercado español, que es su primer mercado. No olvidemos esto, que es muy importante”.

A pesar de esta posición favorable, los catalanes intentarán arrancar más, como los vascos. A principios de este mes se hablaba de la posibilidad de que el PSOE ofreciera a ERC un nuevo sistema de financiación autonómica en 2020 y un aumento sustancial de la inversión del Estado en los Presupuestos del próximo año para conseguir su apoyo.

Salga lo que salga, seguirán diciendo que apuestan por la autodeterminación, aunque los números no salgan. El propio Mikel Buesa lo explica muy bien en el artículo Economía política de la independencia de Cataluña, que puede leerse en Internet. Entre otras cosas, en ese texto afirma que “el escenario de la secesión puede llegar a ser desastroso para la población catalana, que se vería claramente empobrecida y tendría más dificultades para encontrar empleo. Lejos de la promesa de enriquecimiento difundida por el nacionalismo, la independencia pondría en serias dificultades a la economía catalana. Y lo haría también con las finanzas de su gobierno, pues la Generalitat se vería abocada a una situación insostenible”.

Según sus cálculos, los gastos previstos superarían en más de 35.000 millones de euros a los ingresos, produciendo un déficit superior a una cuarta parte del PIB. “Un déficit de esta cuantía no podría llegar a financiarse con endeudamiento y conduciría a la quiebra del gobierno catalán. Ello señala que, antes de llegar a tal situación, la Generalitat tendría que adoptar severas políticas de ajuste en el gasto público, reduciendo la extensión de los servicios educativos, sanitarios, de transporte y administrativos, recortando las inversiones en infraestructuras y minorando las prestaciones de la seguridad social en cuanto a las pensiones, las bajas por enfermedad y el desempleo. Para hacerse una idea de la magnitud de esos ajustes, baste señalar que, en el año base del cálculo (2014), el gasto público por habitante, autonómico y estatal, ascendió a 11.698 euros, y que, en el escenario estimado, para llegar a una situación de déficit nulo, esa magnitud debería descender hasta 7.107 euros; es decir, un 39,2 por ciento menos”.

Las exportaciones se reducirían a la mitad, el PIB per cápita descendería de 27.800 a 18.210 euros y el paro se situaría en el 27%, según su estudio. La autodeterminación sería una auténtica ruina para los catalanes. Por eso este catedrático no puede entender que la apoyen determinadas personas: “Entre ellas hay economistas muy prestigiosos a nivel internacional, a los que leo en revistas extranjeras. Se obnubilan cuando hablan de Cataluña y se olvidan de la economía que saben. Es sorprendente que académicos tan prestigiosos digan tantas tonterías, pero el nacionalismo es una enfermedad fatal que obnubila el cerebro de los que quieren obnubilarse”.

Llegados a este punto, los sufridos españoles, que tienen que aguantar con paciencia ver en televisión presumir a vascos y catalanes, se preguntan por qué no se hace una reforma de la ley electoral que les reste ese poder desmedido e injusto respecto a los españoles que desprecian. Buesa, que también participa en política, piensa que con la ley electoral hay dos problemas. El primero es que el número de diputados del Congreso es muy pequeño: “Eso afecta al rendimiento electoral de los votos. En Teruel un diputado necesita muchos menos votos que en Madrid para obtener representación. Habría que aumentar el Congreso de los Diputados en, al menos, cien miembros más. De ese modo tendríamos un parlamento parecido al de Francia o Alemania y una representación más proporcional”.

El segundo inconveniente consiste en que se ha trasladado la representación territorial al Congreso de los Diputados: “No se exige más que una cuota mínima por la circunscripción en la que uno se presenta. Eso se traduce en que haya muchos partidos locales que se presentan en una, dos o tres provincias, pero el Congreso es de representación nacional. Tendría sentido exigir un porcentaje de votos nacionales. Podría ser el 5%, como ocurre en otros países”. La pregunta está en el candelero, aunque no hay muchos políticos que se la planteen. También a muchos de ellos, como a los vascos y catalanes, parece que les conviene este sistema. ¿Sería el momento para que la población alzará más su voz ante estas injusticias? Si sus supuestos representantes no lo hacen por ellos, quizá no haya más remedio. 

Reportaje publicado en el número de diciembre de la Revista Capital.

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