Se hace camino al andar, como decía el poeta. Por eso, desde el primer momento en el que se conformó el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos hemos manifestado nuestra plena disposición al diálogo desde la lealtad institucional a la espera de ver qué políticas económicas quería priorizar (y con qué calado) de entre las que recogía su programa de gobierno.
Por ahora hemos dado un paso importante. Hemos suscrito un acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 950 euros al mes. Lo hemos hecho con un acuerdo tripartito y creemos que esa debe ser la senda de la legislatura. La del diálogo constructivo.
Con todo, seguimos insistiendo en la necesidad de que la Administración tenga en cuenta cuáles pueden ser las consecuencias de ciertas políticas, incluso las que pactamos dejándonos demandas por el camino, porque cuando las señalamos, lo hacemos siempre con sentido de Estado.
En el caso de SMI, hemos recalcado que el efecto que puede tener esta nueva subida sobre el empleo en el campo es importante. Por ello, hemos demandado a la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que se siente hablar con los empresarios del sector para articular mecanismos que permitan aligerar los efectos de la subida del salario mínimo en este ámbito.
Del mismo modo, hemos tratado de hacer ver al Gobierno que si se sube el salario mínimo, las empresas que ejecutan contratos públicos con la Administración deben poder repercutir esta subida añadida de costes en el precio de los mismos. Es decir, el Gobierno debe dar el paso de restaurar esto que llamamos la indexación de los contratos públicos al SMI. De no ser así, los márgenes de estas empresas, que ya son escasos, se estrecharán aún más y podrían llevar a su cierre.
Sin embargo, todo esto no es sino el principio de una serie de materias que tendremos que discutir a partir de ahora. Otra de ellas es la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral que también recoge el ideario del Gobierno.
Al respecto, consideramos que en toda coyuntura económica, pero en plena desaceleración económica en particular, es preciso garantizar que las empresas cuentan con la capacidad de adaptación suficiente para permitir que un ciclo bajista no se salde con una menor contratación o incluso con despidos en último recurso.
En este sentido, cuando se habla de empleo y desigualdad, queremos dejar claro que, si bien parte de esta viene de una diferencia de rentas entre los trabajadores, la mayor brecha se produce cuando unas personas tienen un empleo y otras, lamentablemente, no. Por ello, garantizar la supervivencia de las empresas es clave para salvaguardar el empleo y frenar un posible incremento de las desigualdades.
Por último, otro gran capítulo del programa de Gobierno es el dedicado a la fiscalidad. Un ámbito importante a través del cual el Ejecutivo planea recaudar unos 6.200 millones de euros adicionales. En este sentido, consideramos que mayores cargas tributarias pueden llevar a pérdidas de competitividad frente a empresas de terceros países.
Sin embargo, en el debate abierto desde la formación de Gobierno las grandes ausentes están siendo las reformas que necesita España para mejorar el potencial de crecimiento de la economía, aumentar la productividad y asegurarse una posición competitiva en un mundo globalizado caracterizado por la adaptación imparable de las nuevas tecnologías, la innovación y la digitalización a los procesos productivos.
España necesita mirar al futuro y pensar que de un lado aún mantenemos una tasa de paro que supera ampliamente el 13% y por otro un déficit de perfiles cualificados que demandan a diario las empresas sin éxito; que la mejora de las condiciones de trabajo, los salarios, y con ellos del consumo, se fundamentan con la ortodoxia económica por delante en mejoras de la productividad; y que ésta tiene que venir de la mano de mayor innovación y empleados mejor formados.
Es ahí donde también tenemos que mirar a la hora de cargar las tintas de los próximos Presupuestos, sin olvidar que todo ello debe hacerse dentro de un marco global que es el de la sostenibilidad, el respeto al medio ambiente, la igualdad y el fomento del espíritu emprendedor como motor de la economía.
Antonio Garamendi es presidente de CEOE.
Columna publicada en el número de febrero de 2020 de la Revista Capital.
