FEDEA alerta sobre la lentitud y la falta de flexibilidad en las medidas económicas frente al Covid-19

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Redacción

FEDEA publica hoy el primero de una serie de boletines mensuales de seguimiento de la crisis del Covid. En estos informes se recopilarán y analizarán las medidas económicas que se vayan tomando y se ofrecerá una serie de indicadores que permitirán valorar el impacto de la epidemia y de la respuesta a la misma sobre el nivel de actividad y empleo y sobre las finanzas públicas de nuestro país.

El primer boletín ha sido coordinado por Florentino Felgueroso (FEDEA) y Angel de la Fuente (FEDEA e IAE-CSIC) y ha contado con la colaboración de José E. Boscá (Universidad de Valencia y FEDEA), Rafael Doménech (BBVA Research y Universidad de Valencia), Javier Ferri (Universidad de Valencia y FEDEA) y Diego Rodríguez (UCM y FEDEA) y con una tribuna invitada de Javier Andrés (U. de Valencia) sobre el papel de la Unión Europea en la respuesta a la crisis.

Tras la tribuna, el documento comienza con un breve análisis de la evolución de la epidemia y su incidencia sanitaria y algunas reflexiones sobre la estrategia de salida del confinamiento. A continuación se analiza el impacto inmediato de la crisis sanitaria sobre la actividad económica utilizando datos sobre el tiempo que la población dedica a distintas actividades y sobre la evolución del consumo eléctrico y del gasto realizado con medios de pago electrónicos. Todos los datos disponibles apuntan hacia un parón brusco y muy acusado de la actividad económica con el inicio del confinamiento que afecta especialmente a determinados sectores.

Seguidamente los autores describen y valoran las principales medidas que el Gobierno ha ido tomando para paliar los efectos económicos y sociales de la epidemia y aportan algunas sugerencias para mejorarlas apoyándose en parte en otros trabajos recientes de FEDEA. El grueso de estas actuaciones ha ido en la dirección correcta, buscando ayudar a trabajadores y empresas a capear el temporal con los mínimos daños posibles para reducir los costes sociales y económicos de la crisis y acortar su duración. Sin embargo, las medidas tomadas hasta el momento presentan dos limitaciones importantes en opinión de los autores. La primera es que dejan algunos huecos preocupantes de cobertura que afectan a colectivos especialmente vulnerables, como los parados de larga duración. La segunda tiene que ver con su diseño y gestión, que no está resultando tan ágil como sería necesario y no incorpora la suficiente flexibilidad, especialmente de cara a la terminación de las ayudas.

Para solventar el primer problema sería necesario establecer de forma inmediata una renta mínima de último recurso de carácter transitorio, restringida a aquellos que hayan agotado todas las demás prestaciones. No parece aconsejable esperar a que se ponga en marcha el ingreso mínimo vital de carácter permanente previsto en el programa de Gobierno porque eso podría retrasar demasiado una medida que busca cubrir necesidades urgentes. Y tampoco sería buena idea acelerar demasiado la puesta en marcha de un programa tan complejo e importante, que exigirá un cuidadoso diseño y un exhaustivo control de las transferencias públicas recibidas por los hogares para evitar desincentivos al trabajo y otros efectos secundarios adversos, así como una complicada negociación con las comunidades autónomas, que son las que tienen en principio las competencias sobre la materia y ya gestionan programas similares. En cualquier caso, la renta mínima transitoria de último recurso debería gestionarse en coordinación con estas administraciones porque son ellas las que mejor pueden identificar a sus potenciales beneficiarios y llegar a ellos a través de sus servicios sociales.

En cuanto a la segunda cuestión, para mitigar los retrasos en la llegada de las ayudas, deberían reducirse al mínimo los trámites y comprobaciones ex ante, sustituyéndolos por controles a posteriori acompañados de fuertes sanciones para los que incumplan los requisitos anunciados. Una opción a considerar si los retrasos persisten sería apoyarse en las propias empresas para que actúen como intermediarias en el pago de las prestaciones a sus trabajadores, como se está haciendo en Dinamarca.

Otro aspecto crucial de la gestión de los mecanismos de apoyo a empresas y autónomos es su flexibilidad, especialmente de cara a su terminación. Los ERTEs, en particular, deberían ser fácilmente modulables, en el tiempo y en su cobertura, para permitir una vuelta gradual a la actividad cuando sea posible, especialmente en aquellos sectores en los que la recuperación será más tardía e incierta. En la misma línea, se podría introducir a posteriori un componente de ayuda directa en la línea de avales a empresas y autónomos mediante la condonación parcial de los préstamos con cargo al Estado en los sectores más afectados si las circunstancias así lo aconsejan. Finalmente, se hace una llamada a la prudencia fiscal. Aunque limitar el déficit público no puede ser ahora una prioridad, hemos de ser conscientes de que los recursos con los que contamos, incluyendo los que podamos tomar prestados en los mercados o de las instituciones europeas, son limitados y tendrán que cubrir muchas necesidades en los próximos meses. Es importante, por tanto, utilizarlos bien, dirigiéndolos a donde son más necesarios, y no desperdiciar munición en ayudas que recaerían en buena parte sobre colectivos que no las necesitan.

Finalmente en el documento se presenta una batería de indicadores para facilitar el seguimiento de los efectos de la pandemia sobre la actividad económica y las cuentas públicas y un análisis detallado de la evolución del mercado de trabajo desde el inicio de la crisis.

 

El documento completo puede verse aquí:

Felgueroso, F. y A. de la Fuente (coordinadores), con J. E. Boscá, R. Doménech, J. Ferri y D. Rodríguez (2020). “Aspectos económicos de la crisis del Covid-19. Boletín de seguimiento no. 1.” FEDEA, Estudios sobre Economía Española no. 2020-20, Madrid.

Descargar aqui: https://bit.ly/2ziv9ds

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