Hace veinte años la economía española iniciaba su rumbo por el nuevo siglo XXI tras su incorporación en la eurozona, justo un año antes, en 1999. La entrada en el nuevo siglo se caracterizó por una situación cíclica expansiva, sin grandes desequilibrios desde el punto de vista macroeconómico, en parte por el cumplimiento de los criterios de Maastricht. Tras la crisis de la primera mitad de los años noventa, el crecimiento en los años siguientes dio lugar a una rápida y sostenida disminución de la tasa de desempleo, desde el 19,6% de 1994 al 10,5% de 2001. La crisis tras la burbuja puntocom y la incertidumbre generada por el ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001 supuso un ligero repunte del desempleo hasta el 11,4% para proseguir su disminución hasta 2007. El déficit de la balanza por cuenta corriente se situaba alrededor del 4%, todavía muy lejos del fuerte aumento que se produciría entre 2004 y 2008. Aunque la inflación y los costes laborales unitarios estaban ya creciendo por encima del conjunto de la eurozona, el precio de la vivienda y crédito al sector privado se encontraban todavía contenidos y cerca de sus valores de equilibrio. El crédito a los hogares representaba un 39% del PIB y el de las empresas un 48%, muy por debajo de sus niveles antes de la explosión de la burbuja inmobiliaria y financiera. Por su parte, el défi cit público se situaba cerca del 1% del PIB, aunque el déficit estructural era superior al 2%. La deuda pública representaba el 58% del PIB y disminuiría hasta el 35% a lo largo de la década. Para terminar de caracterizar la situación de la economía española en 2000, la renta por persona en edad de trabajar suponía el 61,5% de la de Estados Unidos y el 80% de las economías europeas más avanzadas.
Lo ocurrido desde entonces es de sobra conocido. De 2000 a 2007, la economía española experimentó una fase de intenso crecimiento, pero insostenible por los desequilibrios acumulados. Las condiciones de financiación fueron excesivamente laxas y España utilizó la enorme entrada de capitales exteriores para endeudarse y financiar actividades poco productivas, pero generadoras de mucho empleo. La inmigración ayudó a cubrir el extraordinario crecimiento de la demanda de trabajo, aumentando aún más el exceso de demanda agregada. Y a pesar de ello, la tasa de paro apenas bajó del 8% en plena burbuja y la temporalidad se situaba alrededor del 33%. El diferencial positivo de inflación y costes laborales con otros países de la eurozona se amplió, al igual que la brecha de productividad. La Gran Recesión de 2008 y la crisis de deuda soberana provocaron un ajuste brusco de los desequilibrios acumulados, y la tasa de desempleo llegó a superar el 27% a principios de 2013.
La intensa recuperación desde finales de ese año permitió reducir la tasa de desempleo hasta el 13,8%, con un superávit de la balanza por cuenta corriente, un desapalancamiento de los hogares y de las empresas, una recapitalización y saneamiento de los balances bancarios, un intenso crecimiento de las exportaciones hasta alcanzar el 35% del PIB, y con un crecimiento contenido de los precios de consumo y de la vivienda, y de los costes laborales unitarios. Veinte años más tarde, la renta por persona en edad de trabajar relativa era similar a la de 2000: el 60,2% de la de Estados Unidos y el 79% de las economías europeas más avanzadas. A todas luces, el crecimiento durante el último quinquenio fue mucho más sostenible y equilibrado que en el ciclo expansivo anterior, pero también con sombras como la excesivamente lenta corrección del déficit público, la insuficiente reducción de la deuda pública y la ausencia de reformas con las que corregir las debilidades crónicas de la economía española. Un mercado de trabajo más eficiente y equitativo, la mejora de la productividad, la reducción del fracaso escolar y el abandono temprano del sistema educativo, la formación profesional dual y continua, la competencia en los mercados de bienes y servicios, una administración pública digital eficiente, la eliminación de barreras al crecimiento de las empresas, la sostenibilidad del
sistema de pensiones, la financiación autonómica, la inversión en I+D+i, la transformación digital, y la sostenibilidad social y medioambiental. Todos ellos eran retos hace dos décadas y siguen estando vigentes en la actualidad. Si abordar estos desafíos era ya necesario entonces, lo es todavía mucho más ahora para reparar cuanto antes los daños económicos y sociales causados por la crisis del COVID-19.
Rafael Doménech es responsable de Análisis Económico de España de BBVA Research y doctor por la Universidad de Valencia.
Columna publicada en el número de mayo/junio de 2020 de la Revista Capital.
