El Ministerio de Sanidad tiene previsto gastar más de 2.500 millones de euros en los próximos dos años para comprar material sanitario y equipos de protección individual destinados al Sistema Nacional de Salud (SNS) y otras instituciones del Estado para contar con una reserva estratégica con la que hacer frente a la pandemia del Covid-19.
Este acuerdo marco, realizado a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) como órgano de contratación, sustituye al que se publicó hace dos semanas porque atiende las peticiones de adhesión de algunas comunidades autónomas que inicialmente no habían manifestado su interés en participar en el acuerdo y comunicaron finalmente su voluntad de adherirse para evitar el riesgo de desabastecimiento de los productos incluidos en la licitación.
Para facilitar esta adhesión, se solicitó a esas comunidades autónomas sus necesidades y se han modificado los pliegos para incluirlas. Adicionalmente se han cambiado los pliegos para facilitar la presentación de ofertas e incrementar la concurrencia y así poder satisfacer las necesidades de todos los gobiernos autonómicos, según informó este miércoles el departamento dirigido por Salvador Illa.
COMUNIDAD VALENCIANA, FUERA
Al acuerdo marco se han incorporado Cataluña, Galicia, Murcia y País Vasco. Los Gobiernos catalán y vasco se han adherido por primera vez al sistema de compras centralizadas y se estrenan también en un acuerdo marco de compra centralizada.
Estas nuevas incorporaciones se suman a las 12 comunidades autónomas que están desde un principio: Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Extremadura, La Rioja y Navarra. Por tanto, la Comunidad Valenciana es la única que no se ha adherido al acuerdo marco.
Participan también los ministerios de Defensa y del Interior, además del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), que se dotará de una reserva estratégica para hacer frente a cualquier eventualidad que pudiera producirse por el Covid-19, y de sus servicios sanitarios en Ceuta y Melilla.
Sanidad adquirirá en un plazo de dos años 4.200 millones de unidades de batas quirúrgicas, guantes de nitrilo, gafas de protección, mascarillas quirúrgicas tipo II y IIR, mascarillas de protección FPP2 y FPP3, test moleculares Covid-19 (PCR) y kits de extracción.
La nueva licitación incluye los mismos productos que la anterior. La cantidad se ha calculado en función de las necesidades de los diversos servicios de salud e instituciones participantes. El importe económico total es de 2.578.739.505 euros y tiene una duración de un año con posibilidad de prórroga por un segundo año.
Los precios unitarios establecidos son máximos y se han calculado teniendo en cuenta los que hay en el mercado, previa consulta a los servicios autonómicos de salud. Por tanto, las empresas podrán ofertar distintos productos (con precios diferenciados) siempre que cumplan con los requisitos técnicos y administrativos exigidos y no superen el precio máximo de licitación.
Al ser un procedimiento agregado para todo el Estado, Sanidad calcula un ahorro de más de 300 millones de euros.
TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA
La licitación, con sus correspondientes pliegos administrativos y técnicos, se ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en el Portal de Contratación Centralizada del Ingesa. Igualmente, se comunicará a través de las principales asociaciones empresariales de los sectores implicados.
Se trata de una tramitación de emergencia, lo que implica que se acortan los plazos para que una parte importante del material adjudicado esté a disposición de los servicios de salud antes de finalizar el próximo mes de septiembre.
El objetivo es que la adjudicación se realice este mes de agosto para que las comunidades autónomas puedan realizar contratos basados en el acuerdo marco al final de este mes y que las empresas adjudicatarias puedan comenzar a suministrar a los servicios de salud de las comunidades autónomas en septiembre.
(SERVIMEDIA)
