Clamor contra la imposición ilegal de sanciones por exceso de velocidad

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Wenceslao Pérez Gómez

 

Cinco nuevas sentencias judiciales dictadas por los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo números 1, 21, 22 de Madrid; nº 2 de Vigo y nº 9 de Valencia han estimado los recursos planteados por los servicios jurídicos de Automovilistas Europeos Asociados, (AEA), en defensa de sus socios, y han reducido a una tercera parte las sanciones que Trafico había impuesto a los conductores por no haber aplicado correctamente el margen de error de los radares con los que se captan los excesos de velocidad.

En cada uno de los casos, la DGT había impuesto una multa de 300 € y la pérdida de de 2 puntos del carnet. Sin embargo ahora, los tribunales consideran que la sanción máxima a imponer sería, en todo caso, de sólo 100 € sin detracción de ningún punto, “porque a la velocidad que aparece consignada en la foto hay que descontar el margen de error que tiene el aparato.”

AEA lo viene denunciando desde hace diez años

Estas nuevas resoluciones judiciales se unen al rosario de sentencias dictadas ya por numerosos tribunales de toda España y avala la denuncia realizada en 2010 por esta organización de defensa de los conductores, respecto del erróneo criterio sancionador que la DGT, el Gobierno Vasco, la Generalidad de Cataluña y más de una docena de ayuntamientos,  han venido aplicando desde entonces para sancionar los excesos de velocidad.

En este sentido se han pronunciado numerosos juzgados y tribunales de toda España: Juzgado núm. 1 de Albacete; núms. 1 y 3 de Alicante; núms. 1, 4, 5, 9, 11 y 15 de Barcelona; núm. 2 de Bilbao; núms. 1 y 2 de Burgos; núm. 1 de Cartagena; núms. 2 y 4 de A Coruña; núm. 5 de Córdoba; núm. 1 de Elche; núm. 1 de Ferrol; núm. 1 de Gijón; núm. 1 de Huesca; núm. 1 de Jerez de la Frontera; núm. 2 de Logroño; núms. 1, 5, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 31, 33, 34 de Madrid; núms. 2 y 6 de Oviedo; núm. 1 de Palencia; núms. 1 y 2 de Pamplona; núm. 2 de San Sebastián; núm. 3, 6 y 13 de Sevilla; núm. 1 de Segovia; núms. 1 y 2 de Tarragona; núm. 4 de Valencia; núm. 2 de Vigo; núm. 3 de Vitoria; núms. 2 y 4 de Zaragoza, entre otros, así como las dictadas por los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía y Castilla-La Mancha.

La Abogacía del Estado pide que se corrijan las sanciones

A esta decisión se ha unido ahora la petición de la propia Abogacía del Estado, que en un caso enjuiciado recientemente en Valencia ha pedido al juzgado que “estime parcialmente la demanda planteada con relación a la aplicación de los márgenes de error atendiendo a las sentencias dictadas por los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Valencia”, con la finalidad de evitar una posible condena en costas a la Administración

En este caso, el vehículo denunciado fue captado a 122 km/h. en un tramo con límite de 90 km/h., pero tras aplicar el margen de error, la sanción a imponer, según la Abogacía del Estado, debía ser de 100 €, sin detracción de puntos, y no la que impuso Tráfico de 300 € y 2 puntos.

Tráfico debe poner fin a la “lotería judicial” de los márgenes de error

Para el presidente de AEA, Mario Arnaldo, “todas estas nuevas sentencias judiciales vienen a reforzar aún más la denuncia que nuestra asociación viene realizando desde hace más de 10 años respecto de la ilegalidad de millones de multas impuestas por excesos de velocidad.”

“Sin embargo –añade Arnaldo- ya es hora de que la DGT, el Servei Catalá de Tránsit y una docena de ayuntamientos dejen de aprovecharse de la situación de inseguridad jurídica que existe en materia de multas de tráfico, ya que al no existir la posibilidad de que el Tribunal Supremo, con su jurisprudencia, aclare y unifique el criterio a seguir (dada la pequeña cuantía de cada uno de estos pleitos), obligan innecesariamente a los ciudadanos a tener que acudir a los tribunales para defender sus legítimos derechos, en una especie de “lotería judicial” .

Cerca de dos millones multas por encima de la Ley

AEA calcula que desde mayo de 2010, se han impuesto en España más de dos millones de multas con importes y detracción de puntos, superiores a los establecidos en la Ley de Seguridad Vial, por un valor aproximado de unos 400 millones de euros.

 

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