Podemos ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid contra los autos del juez de instrucción número 42 de Madrid, Juán José Escalonilla, y solicita que se declare la nulidad de las actuaciones de investigación sobre su supuesta financiación irregular.
Tal y como ya hizo en un escrito similar ante el juzgado que instruye el caso, Podemos insiste en su escrito en pedir el archivo de la causa por basarse en interpretaciones sin que se aprecie “indicio delictivo alguno”. Además, denuncia la “manipulación” de las pruebas presentadas por el excoordinador del equipo legal del partido, José Manuel Calvente, que es el origen de la denuncia, tras haber sido despedido el pasado mes de diciembre.
El recurso de Podemos insiste en que el procedimiento “se inició con documentación ilícitamente obtenida y con vulneración de derechos fundamentales”. Calvente, en su calidad de abogado de la formación que dirige Pablo Iglesias, estaba obligado por el secreto profesional y, por tanto, las pruebas que hayan podido aportar no serían lícitas.
Así, el recurso explica que la documentación aportada por Calvente "se obtuvo en el ejercicio de sus funciones en Podemos, en las que le era de aplicación el deber de sigilo y confidencialidad, y contiene datos de carácter personal", por lo que "debe ser excluida por haber sido obtenida mediando vulneración de derechos fundamentales".
Podemos argumenta indensión y, entre otras cosas, denuncia que el juez instructor “no aclara” siquiera los delitos que se le atribuyen. "Los hechos”, dice, “se basan en apreciaciones subjetivas del denunciante, y las meras sospechas no son suficientes para ordenar una imputación delictiva, pues ello obliga a las personas investigadas a probar la ausencia de un hecho delictivo, invirtiendo la carga de la prueba".
Después de la declaración del exabogado de la formación celebrada el pasado 29 de julio, el juez decidió citar a declarar el 20 de noviembre en calidad de imputados al secretario de Comunicación y a otros tres miembros del partido. Además, Podemos es imputada como persona jurídica y el juez le pide todo tipo de documentación sobre los cobros de sus trabajadores.
Según el recurso, el archivo debería adoptarse por falta de indicios delictivos y ante la "evidente indefensión" que se ha generado tras haber solicitado Podemos la declaración completa del exabogado del partido, de la que sólo se les han remitido 42 minutos de las más de tres horas que duró y cuyo contenido no justificaría el acuerdo de diligencias.
(SERVIMEDIA)
