La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha realizado una investigación sobre las irregularidades en las relaciones laborales existentes en la empresa Glovo que se ha saldado con la regularización de 11.013 trabajadores de la plataforma, los cuales dejarán de ser falsos autónomos. Una realidad que le costará a la compañía 16,2 millones de euros.
Esta cifra se corresponde a las cotizaciones sociales no abonadas por dichos trabajadores, quienes finalmente serán dados de alta en la empresa. En concreto, 9.251 trabajadores que hasta ahora cotizaban por su cuenta a la Seguridad Social costarán a la empresa 14 millones de euros por el tiempo no cotizado; al tiempo que tendrá que abonar otros 2,2 millones de euros por cuotas sociales de otros 1.762 repartidores de Glovo que la compañía no consideraba como trabajadores.
Para la compañía, los 16,2 millones a abonar son “una deuda estimada, no es cierta”, a la par que han señalado que “las actas de la Seguridad Social no son firmes y recordamos que ningún juez ha dictaminado que los repartidores son empleados”.
No obstante, la investigación de Inspección de Trabajo y Seguridad Social es un hecho. Tanto es así que entre 2019 y 2020 ha llevado a cabo inspecciones en 16 provincias españolas que han convertido esta investigación en una de las mayores operaciones de regularización de falsos autónomos hecha por Inspección de Trabajo.
Esta medida aterriza un mes después de que el Tribunal Supremo declarase por primera vez que la relación entre Glovo y un repartidor tenía naturaleza laboral y que los riders, como se conoce a los repartidores, son falsos autónomos. Así lo falló el tribunal después de comprobar que la empresa no era una intermediaria en la contratación entre comercios y repartidores, sino que presta “servicios de recadería y mensajería” con condiciones fijadas”.
