La UE debe revisar las emisiones de CO2 para cumplir con los objetivos de descarbonización de 2050

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Redacción

La Fundación Naturgy y el Capítulo Español del Club de Roma han publicado el informe: ‘Carbon pricing. Principales logros en Europa y opciones para una descarbonización profunda’, en el que exponen el precio del carbono como pilar para impulsar una mayor descarbonización dentro de la Unión Europea. Para ello defienden la reforma del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión y poder cumplir así con los objetivos marcados para el año 2050.

El mercado de carbono ha pretendido mantener unos precios que incitaran a la inversión desde la creación del Régimen de Comercio en 2005. Se han realizado reformas que modifican las cantidades permitidas de emisión de C02, como los mecanismos para conseguir una estabilidad en el precio, por ejemplo. Pero los precios han variado mucho en el tiempo y no han podido generar una estabilidad y predictibilidad necesaria para el impulso de reducción de emisiones de forma intensa.

El impacto del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión en la reducción de emisiones en Europa se ha visto superpuesto a las políticas climáticas y energéticas europeas y nacionales, lo que dificulta su evaluación. Aunque en el informe se defiende que hay estudios que demuestran que “la mayor parte de la reducción de emisiones ha sido impulsada por las políticas de apoyo a las energías renovables u otras tecnologías limpias”.

Para cumplir con el European Green Deal, las reformas del Régimen de Comercio plantean aumentar del 40% al 55% la reducción de las emisiones para 2030. Para ello proponen ajustar el límite de emisiones a la realidad de los valores actuales, incrementar el porcentaje de reducción de las emisiones permitidas anualmente y extender el alcance del mercado de carbono a otros sectores, entre otros.

También proponen realizar reformas que den señales de precio mas predecibles y apoyar así las inversiones. A día de hoy, el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión opera en 31 países donde limita las emisiones de alrededor de 11.000 instalaciones, que albergan alrededor del 45% de los gases de efecto invernadero de la UE.

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