Los riesgos de imponer una jornada laboral de 32 horas semanales

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Redacción

Por Juan Ramón Rallo.

Una de las últimas propuestas efectuadas por Más Madrid y que rápidamente ha contado con el aval de Unidas Podemos ha sido la de reducir la jornada laboral a tiempo completo hasta los cuatro días a la semana o, lo que es lo mismo, hasta las 32 horas de trabajo semanal en lugar de las 40 actuales. Si hace aproximadamente un siglo se logró una jornada laboral de un máximo de 8 horas diarias y hace cuatro décadas se rebajó hasta las 40 horas semanales, ¿por qué no dar un paso más allá hasta las 32 horas semanales repartidas en cuatro días? A este respecto, empecemos aclarando un par de puntos que, acaso por evidentes, muchas veces dejan de explicitarse en este tipo de debates.

Por un lado, el acortamiento de la jornada laboral máxima que se está planteando es un acortamiento sin una paralela rebaja salarial (y, por consiguiente, incrementar en un 25% el salario por hora trabajada). Por otro, la propuesta aspira a ser impuesta por ley sobre el conjunto del tejido empresarial y no mediante acuerdos voluntarios entre las partes.

Así pues, el objetivo equivale a aplicar una reducción obligatoria de la jornada laboral que prima facie supone un incremento del coste por hora trabajada del 25%. El riesgo de esta operación es provocar una amplia destrucción de empleo si las empresas son incapaces de absorber de golpe semejantes sobrecostes (algo especialmente complicado de lograr después de una pandemia que ha contraído enormemente los márgenes de ganancia de nuestro tejido productivo). Al final, pues, podría resultar que, queriendo facilitarles la vida a los trabajadores, se la terminen complicando al condenar a muchos de ellos al desempleo involuntario.

Por supuesto, los impulsores de esta medida sostienen que tales quebrantos no se materializarán debido a que la reducción del número de días trabajados llevará aparejada un aumento de la productividad que compensará en gran medida los sobrecostes. Pero, de nuevo, esta teoría tiene dos problemas que conviene resaltar.

Primero, no es posible elevar la productividad del trabajo en todos los sectores (no al menos a cortomedio plazo) mediante la mera mayor motivación del trabajador; pensemos en la productividad de un camarero, de un cajero o de un transportista: en estos casos, la productividad física del trabajo es relativamente fija a falta de una intensa mecanización a más largo plazo de tales actividades, de modo que sólo aumentando los precios de venta podría cubrirse el sobrecoste laboral (y no todos los negocios tienen una demanda suficientemente inelástica como para no perder ingresos elevando los precios como para cubrir semejantes sobrecostes laborales). Segundo, y más en general, la productividad española lleva estancada más de 30 años (hasta el punto de que el grueso de nuestro crecimiento económico se ha basado en el aumento del número de horas trabajadas), de manera que no parece especialmente prudente confiar en una variable que se ha comportado tan mal desde los años 90. ¿Por qué si hemos sido incapaces de aumentar nuestra productividad durante tres décadas vamos a ser capaces tras un mandato de estas características?

En definitiva, en lugar de imponer centralizadamente una disminución de la jornada laboral, arriesgándonos a destruir más empleo o a recortar salarios en una economía no caracterizada precisamente por el alto volumen de empleo y los elevados salarios, más valdría que el Ejecutivo se abstuviera de tales medidas coactivas y centralizadas. El cambio de jornada se irá acordando paulatina y descentralizadamente en aquellas profesiones y en aquellos sectores donde resulte sostenible sin necesidad de que la política lo imponga cual elefante entrando en una cacharrería. 

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