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Iberdrola y Repsol: a palos por el "greenwashing"

La semana pasada, Iberdrola presentó una denuncia contra Repsol en el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Santander por "competencia desleal y publicidad engañosa". Su queja, el "greenwashing", un método que ya está dando que hablar incluso entre las personalidades del gobierno. ¿En qué consiste el "greenwashing"? El término greenwashing tiene su origen en la década de 1980, acuñado por ambientalistas que empezaron a observar prácticas comerciales y de comunicación engañosas en sectores como el de la hospitalidad, si bien tuvo algunos antecedentes como el concepto de “ecopornografía” ya desde el inicio del movimiento ecologista de los años sesenta. Traducido al español significa literalmente "lavado verde", en referencia a cómo ciertas empresas disfrazan sus actividades más cuestionables bajo una fachada de sostenibilidad y ecología para limpiar su imagen o evitar injerencias externas en dichas actividades. La propia Iberdrola explica en su página web de forma detallada en qué consiste esta práctica. Para camuflar estas actividades, las compañías optan por la desinformación, mediante campañas de publicidad y comunicación. Se hace hincapié en la promoción de productos "ecofriendly", se desvía la atención mediante la promoción de una parte residual del negocio, se publicitan los beneficios de un producto cuyos beneficios no son creíbles o se exageran los esfuerzos de la empresa para con la sostenibilidad. Para identificar estas prácticas, basta con buscar las incoherencias utilizadas por el emisor para vender algo como verde, además de comparar dicho método con otros proyectos similares. Si no encontramos fuentes que indiquen que esa empresa está haciendo lo correcto, ni existen indicios de ello, o si los anunciantes han puesto demasiado empeño en recalcar la importancia de la sostenibilidad, es muy posible que esa compañía esté utilizando el greenwashing. Iberdrola contra Repsol Así, llegamos al caso de Iberdrola, que ha demandado a Repsol por "promocionar iniciativas insostenibles, cuando su oferta…
La FEDE ha manifestado su profunda preocupación por la forma en que se están convocando los concursos públicos de publicidad, tanto de medios como de creatividad, desde hace muchos meses y ven en el concurso para el Acuerdo Marco de compra de medios para las campañas de la Administración Central el ejemplo de lo que se está haciendo bajo la justificación de la pandemia. Esta situación hace que se plantee incluso denunciar el abuso de estos mecanismos a instancias europeas para que tomen cartas en el asunto. Una preocupación que no solamente se refiere a la actividad actual de licitaciones públicas, sino que se proyecta hacia el futuro por la esperable avalancha de concursos que se convocarán con fondos europeos en los próximos meses. “Si se mantiene esta evolución, la transparencia de las licitaciones de publicidad desaparecerá completamente, perjudicada por la adjudicación directa basada en motivos de supuesta urgencia, plazos absurdos, y ausencia de oportunidades para las empresas que no sean de gran tamaño, todo ello en contra de los principios que marca la Unión Europea. Con ello perderemos una oportunidad de que estos fondos se empleen correctamente y beneficien a todo el tejido publicitario, incluidos los medios, pues no es de recibo que se excluya sistemáticamente a alguno de ellos, como el medio exterior, sin razón alguna”, ha declarado José Carlos Gutiérrez, presidente de esta asociación. La FEDE se plantea, de seguir esta dinámica, acudir a las instancias europeas pertinentes para denunciar estas prácticas pues los principios de la UE que indican la necesaria promoción de la pequeña y mediana empresa en los contratos públicos, ciertamente se ven vulnerados y menospreciados por el Estado. Asimismo, esta organización afirma haber intentado reunirse con los responsables de la publicidad de la Administración en el Ministerio de Presidencia desde hace meses, sin…
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentará este martes una demanda antimonopolio contra Google por violar la ley al usar su poder en el mercado para defenderse de sus rivales, según ha informado Reuters. Al parecer, la matriz de Alphabet puso en desventaja a sus contrincantes para mantener su posición dominante como motor de búsqueda y vender más anuncios. Esta demanda, según el fiscal adjunto del Departamento de Justicia, afirma que “sin una orden judicial Google continuará ejecutando su estrategia anticompetitiva, paralizando el proceso competitivo, reduciendo las opciones de los consumidores y sofocando la innovación”. No solo eso. También incide en que Google sustenta un papel de “principal guardián de acceso” a internet a través de “una red ilegal de acuerdos exclusivos que daña a los competidores”. “Por el bien de los consumidores, anunciantes y todas las empresas que ahora dependen de la economía de internet, ha llegado el momento de detener la conducta anticompetitiva de Google y restaurar la competencia”. El Departamento de Justicia de EEUU también ha señalado que Google controla alrededor del 80% de las búsquedas que se producen en Estados Unidos y que ha llegado a acuerdos con fabricantes de smartphones que utilizan Android para “precargar” el motor de búsqueda de Google en dichos teléfonos con el fin de dificultar el acceso a otros. Esta demanda puede extenderse en el tiempo, no obstante, llega en un momento crucial: las elecciones estadounidenses están a la vuelta de la esquina. Además, podría verse como un gesto político después de que el presidente norteamericano, Donald Trump, prometiese pedir cuentas a determinadas empresas por sofocar las voces conservadoras.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado a Iberdrola Clientes ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por falta de información detallada al comunicar la revisión de su tarifa con precio estable durante tres años. Según la OCU, esta denuncia se produce porque considera que "la compañía no indica de forma transparente la verdadera repercusión económica para el cliente ni informa al consumidor de que la nueva tarifa supondría un incremento en el precio del suministro". Esta denuncia llega después de que la OCU detectara que la compañía está comunicando a través de carta comercial a algunos de sus clientes las supuestas ventajas de su tarifa, centrando el foco en la estabilidad de precios y los descuentos promocionales que ofrece, pero dejando a un lado la subida de precio por kilovatio que supondría. En concreto, la OCU explica que Iberdrola indica en su comunicado que los clientes pueden empezar a disfrutar de la nueva tarifa, que se mantendría durante tres años, sin subidas acordes al IPC, con un descuento del 5% sobre el consumo del primer año y otro del 10% si se pasan a la factura electrónica. Sin embargo, advierte de que con esta revisión el precio por kilovatio se incrementaría en un 20% (hasta llegar a 0,180539 euros), una cifra alejada de la tarifa regulada PVPC. Por todo ello, la OCU concluye que "no se trata de ninguna ventaja ni oferta, sino de una forma enmascarada de subir el precio, haciendo uso de supuestas ofertas comerciales y omitiendo toda la información necesaria para que el consumidor pueda tomar una decisión consciente", informa Servimedia.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado que Renfe exija a personas que demandan empleo en la compañía el pago de 10 euros para poder participar en el proceso de selección abierto actualmente en su página web y con el que pretenden incorporar a 57 nuevos trabajadores. La OCU defiende que es "lamentable que una entidad pública utilice este tipo de prácticas y aproveche la precariedad laboral para generar ingresos" cuando considera los afectados son además desempleados, con "más dificultad para afrontar cualquier tipo de gasto". La OCU defiende que los procesos de selección, "especialmente si proceden de una entidad pública", sean abiertos a la participación de cualquier candidato y que los costes se sufraguen "con los impuestos que ya pagan los ciudadanos". La OCU exige a la compañía, presidida por Isaías Táboas, que cese la práctica y devuelva a los candidatos la cantidad que éstos ya han abonado.
Facua ha denunciado a la promotora del festival Sensation 2018 ante la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid, donde tuvo lugar el evento, por no devolver a los asistentes la totalidad del dinero no gastado, tras obligar al público que acudió a pagar los servicios y consumiciones dentro del recinto mediante un sistema de prepago. Según informó este lunes la organización a través de su web, la empresa instauró las "pulseras cashless" como único medio de pago dentro del recinto en el que se desarrolló el festival, que se celebró el pasado 3 de noviembre en Ifema. En su página web, la promotora “dejaba claro que no admitía la posibilidad de utilizar ningún otro sistema que no fuera el de las pulseras”, criticó Facua, al tiempo que subrayó cómo la promotora también anunció que al término del evento devolvería las cantidades no gastadas, pero “con unas condiciones que vulneran la legislación de protección a los consumidores”, según la organización de consumidores. Tras lamentar que la promotora del festival haya decidido no atender reclamaciones de devolución de cantidades inferiores a dos euros y cobrar a cada usuario al que le devuelva dinero esa misma cantidad como una comisión en concepto de transferencia bancaria, Facua denunció que la empresa “pretende hacer recaer en los asistentes unos gastos de gestión que no les corresponderían”. Por otra parte, también denunció a la promotora del Sensation 2018 por no permitir a los asistentes entrar en el recinto con comida y bebida adquirida en el exterior, prohibición que Facua estimó “abusiva, dado que la actividad principal del Sensation 2018 es la celebración de conciertos y no la hostelería”.
El secretario general de CC.OO., Unai Sordo, hizo ayer un llamamiento a los jóvenes "a organizarse en las empresas para mejorar su situación" caracterizada por los contratos temporales y a tiempo parcial y los bajos salarios. "Una tasa de temporalidad del 58% es un disparate", enfatizó al respecto de la precariedad que soportan los jóvenes, que se manifiesta también en la tasa de contratación a tiempo parcial, que dobla la de las personas mayores de 29 años, y porque una de cada tres personas que cobran menos de 14.000€ anuales sean jóvenes, según los datos del informe #GeneraciónMÓVIL: una radiografía de la juventud y 10 propuestas de futuro, que ha presentado esta mañana el sindicato. Los datos del informe que han desgranado los responsables sindicales no dejan lugar a dudas: los jóvenes son la personificación más acentuada de las consecuencias de las políticas de recortes llevadas a cabo durante los años de la crisis. "Unas políticas que hace que los jóvenes no sepamos si vamos a trabajar o no, si vamos a durar en el trabajo, qué salario tendremos", explicó Carlos Gutiérrez, secretario de Juventud y Nuevas realidades del Trabajo de CC.OO., y que convierte a los jóvenes en nómadas en el mercado de trabajo con trayectorias laborales inestables e imprevisibles, en miembros de una generación móvil. Para Gutiérrez, la precariedad no es un peaje que se deba pagar, una mochila con la que se deba cargar. "No nos resignamos con esta situación; es más, no queremos que la precariedad se normalice, queremos dar la vuelta a este escenario", subrayó. En la misma línea, la secretaria confederal de Política social y Movimientos Sociales, destacó que CC.OO. tiene propuestas y que “este es el momento de asegurar un futuro digno”, muy diferente al panorama actual de "precariedad social" que tiene su origen en…