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El Gobierno aprueba subir de forma adicional un 0,5% el sueldo de los funcionarios

El Gobierno ha aprobado este martes el incremento adicional del salario de los funcionarios del 0,5%, que tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2023, según ha avanzado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero y ha recogido Europa Press. La subida beneficiará a más de 3 millones de personas que desempeñan su labor para las Administraciones Públicas y tendrá un coste agregado de 818 millones de euros. Así, los salarios de más de tres millones de empleados públicos se incrementarán un 0,5% adicional desde 2023, debido a que el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) el pasado año alcanzó el 2,5%, superando las estimaciones del Gobierno en una décima. Esta subida ya se recogió en los Presupuestos Generales del Estado de 2023, tras el acuerdo firmado por el Gobierno, CCOO y UGT en octubre de 2022 fijaba una subida salarial para los funcionarios en 2023 del 2,5%, que incluía dos incrementos adicionales del 0,5% cada uno, ligados a la inflación y al crecimiento económico. Ya el pasado mes de octubre se aprobó otra subida del 0,5% adicional del salario de todos los empleados públicos, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2023, porque el IPCA de 2022 y 2023 --hasta septiembre-- superó el 6%. Ahora, se ha aprobado la segunda subida adicional del 0,5% ligada a la evolución del crecimiento económico, tras la certificación formal del INE. Una vez aprobado, el salario de los empleados públicos habría subido en 2023 otro 3,5%, lo mismo que en 2022. "La economía va bien y, por tanto, acompañamos los salarios de nuestros empleados públicos en esta coyuntura económica", ha destacado Montero. Incremento salarial fijo del 2% en 2024 Para este año, el texto del acuerdo contempla un incremento salarial fijo del 2% sobre la base…
“El trabajo y los ingresos de los empleados públicos están garantizados al margen de los resultados que obtengan” Desde hace varios años, en España se está produciendo un aumento significativo del número de empleados públicos en comparación con la evolución de la población activa del país. Y aunque muchas personas podrían pensar que esta tendencia representa un fenómeno positivo para el país, en realidad constituye un movimiento preocupante hacia una economía más estatalizada y, por tanto, hacia una sociedad menos productiva y menos libre.  Más en particular: durante la última década, el número de empleados públicos en España ha crecido a un ritmo mucho mayor que el de la población activa. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2022 había en España un total de 3,5 millones de empleados públicos, lo que representa alrededor del 15% de la población activa. Si comparamos estos datos con los de hace una década, podemos ver que este guarismo ha crecido en unas 500.000 personas, mientras que la población activa apenas lo ha hecho en 120.000: es decir, que hace diez años los empleados públicos representaban apenas el 13% de la población activa.  Este fuerte crecimiento del número de empleados públicos no se ha producido por casualidad, sino que responde a una política de creciente intervención del Estado en la economía y en la sociedad. Durante los últimos años, las administraciones públicas españolas han venido apostando por una economía cada vez más estatalizada, en la que el sector público juega un papel expansivamente relevante y se erige como el principal empleador de la sociedad, absorbiendo así competencias y actividades que antes eran realizadas total o parcialmente por el sector privado. Semejante proceso de estatalización de la economía y de la sociedad tiene graves consecuencias sobre nuestra prosperidad y nuestra libertad.   En…
España ha tomado medidas para impulsar la lucha contra el pago de sobornos a funcionarios extranjeros, aunque los resultados son "extremadamente bajos", según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) La OCDE señala el bajo resultado de España en la lucha contra los sobornos a funcionarios extranjeros, que insta a regular con urgencia la protección de los denunciantes y a ampliar el periodo de prescripción más allá de cinco años, recoge Europa Press. La institución señala que, si bien España ha tomado medidas importantes para aumentar la aplicación de sus leyes contra el soborno transnacional, 20 años después de la entrada en vigor de la Convención para Combatir el Soborno de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, solo se concluyó con éxito un caso con sanciones contra dos personas físicas, y ninguna persona jurídica ha sido sancionada por cohecho transnacional. "Esto es extremadamente bajo dado el tamaño de la economía española y las regiones y sectores de alto riesgo en los que operan sus empresas", asegura la OCDE en su informe de la Fase 4 de evaluación, desarrollada por un equipo compuesto por examinadores principales de Brasil y Sudáfrica, así como por miembros de la División Anticorrupción de la OCDE, que realizó una visita in situ a Madrid del 30 de mayo al 3 de junio de 2022. En esta Fase 4 de su informe sobre la implementación y el cumplimiento por parte de España de la Convención, la OCDE evalúa los progresos realizados por España desde la Fase 3 de 2012, incluida la aplicación de sus leyes contra el soborno en el extranjero, la responsabilidad corporativa y la detección del soborno en el extranjero. El informe recuerda que, desde la Fase 3, España ha abierto 46 nuevas investigaciones sobre denuncias de soborno en el extranjero,…
CCOO ha expresado su ratificación de la propuesta de subida salarial presentada por el Gobierno para los empleados públicos entre 2022 y 2024, como ya hizo UGT el pasado viernes, mientras que CSIF la rechaza CCOO y UGT ratifican la propuesta de subida salarial del Gobierno para los funcionarios y CSIF la rechaza, a la espera que el Ejecutivo presente en las próximas horas una nueva oferta de subida salarial a tres años que supere la inflación, como han informado fuentes de la negociación tras la mesa de diálogo recogida por Europa Press. El coordinador del Área Pública de Comisiones Obreras, Humberto Muñoz, ha confirmado, a través de un vídeo, que el sindicato ha decidido aceptar la propuesta del Ministerio de Hacienda y Función Pública, con un incremento salarial para los empleados públicos que "podría alcanzar hasta el 9,5% en el plazo de vigencia del acuerdo 2022-2024". "Todo ello está condicionado a una correcta relación en la aprobación, en las próximas semanas, de ese acuerdo en otras materias muy importantes que acompañan al salarial y que tienen que ver con la recuperación de determinados recortes de Gobiernos anteriores", ha matizado Muñoz. No obstante, CCOO ha reconocido en un comunicado que, pese al visto bueno de la organización, la subida salarial sigue "siendo insuficiente". La cartera que encabeza María Jesús Montero ha presentado a los empleados públicos una subida salarial del 9,5%, que incluye un aumento del 1,5% con carácter retroactivo para 2022 y cláusulas de revisión para 2023 y 2024. Los funcionarios ya han recibido este 2022 un aumento salarial del 2%, al que se sumará ese 1,5% retroactivo propuesto por Hacienda, lo que suma un 3,5% para este ejercicio. Para 2023, el Ejecutivo fija un incremento del 2,5%, al que se suman dos variables del 0,5%. Los sueldos de…
El Gobierno ha ofrecido a los sindicatos de la Función Pública una nueva propuesta salarial que contempla una subida del 9,5% entre 2022 y 2024 a los funcionarios, según han informado fuentes de la negociación tras la reunión. Hacienda plantea este jueves a los sindicatos de la Función Pública una nueva propuesta salarial a los funcionarios que contempla una subida del 9,5% entre 2022 y 2024, según han informado fuentes de la negociación tras la reunión. El desglose de ese 9,5% quedaría dividido en un 1,5% retroactivo para este 2022, que se suma al 2% que ya han obtenido los funcionarios públicos en este ejercicio. Para 2023, el Ejecutivo propone un incremento del 2,5% fijo, más dos variables, que contemplan un 0,5% vinculado al IPC acumulado de 2022 y 2023, siempre que este supere el 6%, más otro 0,5% vinculado al PIB, en caso de que sobrepase el 5,9%. En 2024, los funcionarios, según esta propuesta, recibirían una subida fija del 2%, más un 0,5% adicional si el IPC acumulado de 2022, 2023 y 2024 supera el 8%. Al margen de las cuestiones salariales, la propuesta del Gobierno para el conjunto de las Administraciones Públicas, incluido el sector público empresarial, establece la eliminación de la limitación que impide la implantación plena de la jornada laboral de 35 horas semanales, la plena aplicación de la clasificación profesional del artículo 76 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (Trebep), la aplicación de la clasificación profesional adaptada a las nuevas titulaciones (grupo B) y la derogación de los recortes del Real Decreto Ley 20/2012. Asimismo, alude a la jubilación anticipada, la tasa de reposición, la implementación de las medidas de igualdad, la negociación sindical de la digitalización y modernización de las Administraciones Públicas, y la negociación de la atracción y retención…
El Gobierno ha adoptado una resolución para que, a partir del 1 de octubre, el teletrabajo en la Administración General del Estado (AGE) se restrinja como máximo a un día a la semana (un 20% de la jornada) Los funcionarios de la AGE sólo podrán teletrabajar un día a la semana desde el 1 de octubre. No obstante, fuentes del Ministerio de Hacienda y Función Pública han precisado a Europa Press que esto sólo será temporal, hasta que se apruebe el Real Decreto que recoge el acuerdo que se firmó en abril con los sindicatos para que los empleados públicos de la AGE puedan teletrabajar tres días a la semana de manera telemática y dos en modo presencial. CSIF y UGT se han mostrado contrarios a esta resolución de Hacienda al considerar que no reúne los todos los requisitos necesarios para garantizar en las mejores condiciones y circunstancias la vuelta al trabajo presencial, y piden que se aplique cuanto antes el acuerdo que se firmó con el anterior ministro de Función Pública, Miquel Iceta. La resolución adoptada por Función Pública introduce, como excepciones, que se pueda desarrollar el 100 % de la jornada en la modalidad telemática en los casos de personas con cáncer o inmunodeficiencia; por motivos de cuarentena; en zonas en las que se produzca un repunte o nuevas olas del Covid, y en el personal en el Exterior en determinadas circunstancias. Sumado a estas excepciones, la resolución también establece que las reuniones serán presenciales con carácter general o en modo mixto; levanta la prohibición a los viajes, aunque dando prioridad a las videoconferencias; prioriza también que los cursos sean por medios telemáticos, e incentiva también los medios telemáticos para las pruebas selectivas. El sindicato que preside Miguel Borra insta al Ministerio de Hacienda y Función Pública a…
El proceso de estabilización de empleo público para rebajar la temporalidad en la Administración permitirá a las comunidades autónomas establecer oposiciones no eliminatorias y eximirá de ellas a trabajadores que hayan ocupado plaza de forma ininterrumpida en los últimos diez años y que no haya salido a concurso en ese período, dejando así la puerta abierta a que puedan consolidar su plaza de forma automática. Así lo establece el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Hacienda y Esquerra Republicana, al que ha tenido acceso Europa Press, y que ha permitido el apoyo de esta formación al decreto ley de estabilización de empleo público este miércoles en el Congreso. Un apoyo decisivo, ya que el Gobierno llegaba al debate del decreto sin apoyos suficientes para evitar su derogación. Es más, las mejoras comprometidas han servido para asegurar el respaldo de una de las integrantes del Ejecutivo, Unidas Podemos. La posibilidad de eximir de interinos a los que hayan ocupado plaza de forma ininterrumpida en los diez años anteriores se acoge al artículo 61.6 del Estatuto Básico del Empleado Público, que recoge con carácter excepcional el acceso a través de un concurso a partir de la valoración de méritos. El acuerdo también contempla la eliminación del plazo fijado para publicar y convocar los nuevos procesos de estabilización antes del 31 de diciembre de 2021, llevándolo a cuatro meses desde la entrada en vigor de la ley. Asimismo, el pacto contempla que estas modificaciones se incluyan en la tramitación del decreto como proyecto de ley, y fija un plazo para completar la misma de unos 45 días, ya que se ha acordado que la aprobación se produzca "a mediados de octubre"
El secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, Francisco Hernández Spínola, ha avanzado este jueves que el Gobierno está negociando en diciembre la subida salarial adicional del 0,3% para los empleados públicos este año. De confirmarse, este incremento se sumaría al 2% ya aprobado, y ha añadido que se aprobará "en breve" la Ley de Función Pública tras haber logrado el "consenso" con las comunidades autónomas para modificar el artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) para regular los interinos. También ha asegurado que se preparan medidas para establecer sanciones a los gestores públicos que abusen de la temporalidad de los empleados públicos y que se agilizarán los procesos selectivos para acortar los tiempos de incorporación a las administraciones. Durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Senado para informar del proyecto de ley de Presupuestos de 2021, Hernández Spínola ha defendido que el Gobierno está "muy comprometido" con los empleados públicos, recordando que al inicio de la legislatura aprobó un real decreto ley con el incremento salarial del 2% y ahora está negociando "en diciembre" la subida adicional del 0,3% que contemplaba la norma. Hernández Spínola también ha asegurado que el Ejecutivo "no tiene ningún interés en subirse un 0,9% el sueldo", sino que lo ha dejado "en manos de la Cámara", y expresa su "total apoyo" a la enmienda del PSOE a los Presupuestos para congelar las retribuciones de los altos cargos. Asimismo, ha detallado que, en materia de Función Pública, se van a acometer una serie de reformas para la modernización "reflexiva" de las administraciones con el fin de que contribuyan al proceso de transformación económica y social. Desarrollo del estatuto y sanciones contra abusos de temporalidad Para ello, prevé aprobar "en breve" para su tramitación el proyecto de Ley de Función…
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha comparecido este miércoles en la Comisión de Presupuestos del Congreso para exponer su visión de las nuevas cuentas públicas que pretende aprobar el Gobierno de Pedro Sánchez. Unos presupuestos que son "optimistas" para el organismo pero no tanto en determinados puntos como la subida de impuestos. Para Hernández de Cos, “hubiese sido preferible retrasar” la subida de impuestos “hasta que la recuperación económica fuera más robusta”, ya que la economía española presenta “evidentes síntomas de fragilidad” y está “sometida a considerables riesgos a la baja” por la evolución de la pandemia de la Covid-19. Como consecuencia, el gobernador del Banco de España ha señalado que los datos “no aconsejan un aumento generalizado de la presión fiscal”. También ha hablado sobre la subida de las pensiones y de los sueldos públicos que prevén los Presupuestos del 0,9%. Una propuesta sobre la que Hernández de Cos ha señalado que los riesgos sobre la inflación “están sesgados a la baja” y en consecuencia esta previsión “superará claramente” la inflación final. Es decir, las retribuciones crecerían por encima del IPC en un momento de “importante destrucción de empleo y de un deterioro muy acusado sin precedentes en las cuentas públicas”. Por eso, para el gobernador del Banco de España “sería más conveniente que, en lugar de incrementos salariales generalizados”, se contemplasen ”aumentos más focalizados” en sectores como el sanitario.
El Gobierno ha anunciado una oferta pública de empleo para la Administración General del Estado de 18.266 plazas, 3.030 más que la última respuesta del Ejecutivo. No obstante, esta propuesta no ha gustado a los sindicatos laborales, los cuales la consideran “insuficiente” al entenderla inferior a la del año pasado. Este 2020 el Gobierno pretende aprobar una oferta de empleo público de 18.266 plazas, 9.270 de nuevo ingreso y 8.996 de promoción interna. Una cifra que no ha convencido a los sindicatos por ser menor que la de 2019: el pasado año se ofertaron 19.688 puestos, 11.338 de libre acceso y 8.350 de promoción interna. “No compartimos ni el volumen ni la distribución”, han asegurado desde CC.OO., quienes entienden que el Ministerio de Función Pública “vacía el Convenio único y abandona a los sectores más críticos de la Administración General del Estado, impulsando un modelo de Administración alejado de los problemas de la ciudadanía”. El motivo es que el año pasado se generaron 8.708 bajas en la administración, en su mayoría por jubilaciones. El sindicato propone que la oferta no se ubique por debajo de los 10.150 puestos, que resultarían de la aplicación del coeficiente de incremento de 2019, es decir, un 26% sobre la tasa de reposición. Por su parte, CSIF ha denegado también dicha propuesta del Ejecutivo al creer que “no se cubren las necesidades de la Administración”. Según los datos del sindicato, en diez años la Administración Central ha perdido 43.477 trabajadores. Y no solo eso. El 20% de la actual plantilla está al borde de la jubilación. En el lado opuesto se encuentra UGT, que ha visto con buenos ojos la oferta del Gobierno. “Se trata de una oferta de promoción interna récord que abre posibilidades de  progresión en la carrera profesional”.  A falta del acuerdo,…