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07 marzo 2023

El Estado benefactor que ahora sufre los impagos

“Si la Administración quiere ser un banco cuando los bancos fallan, que lo haga con criterios de eficiencia y con severo control del riesgo” La ‘orgía’ descontrolada de gasto público de los últimos años -agravada por el rescate bancario de 2012 y por los desastrosos efectos de la pandemia sobre el tejido productivo- empieza a tener importantes consecuencias para la estabilidad financiera del Estado. El gigante de los más de 1,5 billones de euros de deuda es, además, un acreedor que sufre una relevante cifra de morosidad por parte de deudores que no habrían pasado el examen de cualquier departamento de análisis de riesgo crediticio. Por extensión, la realidad empieza a azotar a aquellas empresas que aprovecharon la generosidad de la Administración para mantenerse a flote durante la Covid-19, o, directamente, para lograr ingresos adicionales con los que ‘maquillar’ la cuenta de resultados. La desaparición de la moratoria concursal, la nueva normativa -aprobada en septiembre de 2022- y los efectos de la pasada benevolencia en la concesión de los créditos ICO han dado una nueva ‘vuelta de tuerca’ al sector privado. De hecho, estos dos factores han retrasado un desenlace que quizá era inevitable, pandemia o no mediante. Los requisitos para solicitar crédito público durante la crisis de la Covid-19 fueron tan laxos que muchos de los ahora deudores pudieron hasta invertir este capital en Bolsa para lograr rentabilizarlo. Parece una broma, pero no lo es, nadie les preguntó apenas nada, salvo la obligación de devolver el dinero en un plazo de dos años. ‘Barra libre’ sin control, nada nuevo bajo el sol. Como consecuencia, el Estado engordó el grupo de las denominadas como empresas ‘zombis’ que empiezan a solicitar ahora concurso de acreedores. No es de extrañar, por tanto, que la Comisión Europea (CE) quiera revisar la gestión de…

02 junio 2021

Todo conduce a una subida del IVA

Borja Carrascosa, director de Capital El debate reciente sobre las decisiones que vendrán en materia fiscal en las comunidades autónomas es tan virulento, como estéril. Más allá de criterios morales o políticos, los dos tributos que más están centrando las discusiones entre el Gobierno y las regiones no tienen capacidad recaudatoria suficiente como para salvar al Estado de la quiebra. Patrimonio -el llamado “impuesto a los ricos”- y Sucesiones y Donaciones -tildado como el “impuesto a la muerte”- apenas ingresan conjuntamente en torno a los 3.400 millones de euros. Patrimonio recauda cerca de 1.100 millones en el conjunto de las regiones que lo aplican -Cataluña recauda casi la mitad, 500 millones-, y, de verse Madrid obligada a retirar la bonificación, apenas aportaría 450 millones. El segundo, por su parte, percibe en torno a 2.300 millones, y su imposición homogénea en todas las administraciones autonómicas aportaría apenas 800 millones extra, según cálculos preliminares de Equipo Económico. Es decir, la suma de la subida en ambos tributos, que centra la “pelea” de los gobiernos regionales, no llegaría a los 1.300 millones. Eso, en un año económicamente “normal”. Para este ejercicio, el “agujero” previsto entre ingresos y gastos de la Administración Pública española -Estado, comunidades autónomas y corporaciones locales- es del 7,7% del PIB. Esto supone que el sector público gastará aproximadamente, y tirando por la horquilla baja, 90.000 millones de euros más de lo que ingresará. Los 1.300 millones de la subida homogénea de Patrimonio y Sucesiones apenas representan el 0,1% del déficit y el 1,5% del dinero que debería recaudar España -o recortar- para cuadrar sus cuentas públicas. El impacto es ridículo. En comparación, los principales “nudos gordianos” tributarios que nutren la inmensidad del gasto de la Administración son el IRPF (86.900 millones de euros en 2019, el 40% del total);…

30 marzo 2021

A dedo, mínimo control y mínima transparencia: Radiografía de los contratos de emergencia de la Administración

Compra de mascarillas y otros suministros; concesiones de televisión pública; gestión de piscinas; compras de pistolas táser y hasta tres camellos para la cabalgata de Reyes son algunos de los contratos adjudicados Tan solo cuatro empresas se llevaron uno de cada diez euros adjudicados "de emergencia" El 13 de marzo de 2020, un día antes del decreto del estado de alarma, el BOE publica que la Administración General del Estado (AGE) puede usar la contratación de emergencia para "atender las necesidades derivadas de la protección de las personas y otras medidas adoptadas por el Consejo de Ministros para hacer frente a la Covid-19". Dos semanas más tarde, se amplía la posibilidad a todas las administraciones públicas y, además, se abre la veda al pago por adelantado, ni siquiera es necesaria la firma. En este contexto debemos preguntarnos qué es emergencia y qué no lo es. Si bien las necesidades sociosanitarias precisaron la toma de decisiones extraordinarias como esta, la actuación de las entidades públicas, en ocasiones, dista mucho de la buena praxis. Una investigación periodística realizada por Civio analiza los gastos de las administraciones públicas durante todo 2020 y destaca la arbitrariedad de algunos de estos contratos. Pero no es lo único que señala la compañía, también los plazos en la publicación está en tela de juicio. De los 15 días ordinarios a una media de 43 días, sin tener en cuenta, siquiera, los que todavía no han sido publicados. La mayor parte del presupuesto, 5.398 de los 6.445 millones de euros destinados a contratos de emergencia, sí se destinaron a la compra de suministros. Mascarillas, vestimenta de protección (casi 3.000 millones), test (594 millones)... Sin embargo, el gasto público se destinó también a otras cuestiones. Escenario de emergencia, gestión en evidencia Las administraciones públicas españolas adjudicaron a dedo, sin…

11 abril 2019

Las trampas del gasto público

Nuestro número de abril, disponible en el quiosco y en este enlace (bit.ly/2UtPFRT), aborda las trampas del gasto público: el lío monumental en el que pueden introducirnos algunas políticas que se están anunciando en periodo electoral. Junto a él, analizamos el problema del paro: cómo es posible que en 1975 tuviéramos un desempleo del 3,7% y no hayamos vuelto a acercarnos a tasas tan bajas. El reto demográfico español y sus soluciones es otro de los temas que abordamos. También la reputación, preocupación creciente en empresas e instituciones de todo tipo. En empresas hablamos de la aerolínea IAG y sus desafíos con el Brexit; los retos de BBVA; por qué LinkedIn se ha convertido en el negocio que más crece de Microsoft; la estrategia de Facebook con Instagram; Amazon Prime, Tesla, el renacer de las cámaras en movimiento de GoPro... En Marketing analizamos si DAZN puede competir con Movistar+, y el creciente e imparable fenómeno de los superhéroes. En Innovación contamos los planes del Corredor Sudoeste Ibérico, una iniciativa prometedora para mejorar el negocio entre España y Portugal; la historia de Aciturri, surgida de un gallinero y convertida en una potente empresa del sector aeroespacial, con casi 1.500 empleados y 300 millones de facturación, y muchas historias más que se pueden ver en el sumario que está por debajo de estas líneas.

25 marzo 2019

Tiempo de elecciones

Fernando Méndez Ibisate es profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Quienes realmente debieran sustituir el interés particular o privado por el general o público, es decir, políticos y autoridades en el ejercicio de sus funciones, raras veces –si es que alguna– actúan de tal modo. La predisposición creciente del gasto público en todos los ámbitos y niveles de la Administración, junto con las tendencias de déficit y deuda públicos, así lo muestran. Incluso atendiendo promesas de más y mejores pensiones, sanidad, educación o empleo, pues los políticos siempre nos mostrarán las necesidades y bondades, nunca los excesos, costes, anomalías o aberraciones de sus actividades e intervenciones. Más gasto público no suele ser beneficioso, al menos a partir de una determinada cuantía, no mayor del 30% del PIB. La situación desde 2008 ha forzado ajustes que fundamentalmente han recaído en el sector privado, economías domésticas y empresas, en tanto las Administraciones Públicas no han experimentado reformas y restricciones tan graves. Ciertamente, hubo años de reducciones de gasto mínimas; 2013 fue uno de ellos respecto a su tendencia, aunque en términos per cápita mantuvo el nivel por encima de 2005, 2006, 2007 o 2008, es decir, en plena burbuja. Pero es que 2012, contrariamente a todo lo dicho sobre el “austericidio” del Gobierno de Rajoy, fue el año en que mayor gasto público, en términos absolutos, relativos (PIB) o per cápita, hubo de toda la serie histórica. Lo peor del dato es que hay cola entre los gobernantes para superar ese registro, y con orgullo. Da igual el coste… ¡que, por cierto, padecimos en su momento! Tampoco negaré que hubo partidas o aspectos del gasto que sufrieron mermas en favor de otras que tuvieron que verse incrementadas, como la financiación de la deuda. Mermas que fueron menores de lo expresado o…