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política

Ibán García del Blanco (eurodiputado): “La nueva ley de IA no resta ni un ápice a la competitividad europea” 

“Hemos intentado centrar la cuestión en la protección de determinados principios y derechos fundamentales, en el uso de la IA y no tanto en la tecnología”  “El plazo general de puesta en marcha es 2026 porque la puesta en marcha requiere de una complejidad técnica muy grande”  “Acelerar el proceso de adhesión de Ucrania sería injusto con otros candidatos que han hecho los deberes y llevan esperando en nuestra puerta mucho tiempo”  Uno de los proyectos estrella de la Unión Europea es una normativa sobre Inteligencia Artificial (IA). El eurodiputado del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, Ibán García del Blanco, cree que es un éxito de la democracia europea que, a menudo, tiene dificultades para llegar a acuerdos. En ese grupo, en el que se integra el PSOE en el Parlamento Europeo, García del Blanco desarrolla otras actividades y, de cara al futuro, observa cuestiones importantes a resolver, como el establecimiento de una Defensa común y el avance de la Unión Europea, más concretamente a nivel fiscal.  Me gustaría ahondar en el día a día de un Eurodiputado. ¿Cuáles son sus responsabilidades? ¿Cómo es el día a día?  Una actividad muy exigente en cuanto al tiempo y al esfuerzo. Hay que dosificar el nivel de su agenda conforme uno entiende que tiene que hacerlo. Mi base suele ser Bruselas, ir y venir a España según el mes con más o menos frecuencia. Y además tenemos luego que cumplir con otro tipo de actividad, tenemos invitaciones o encuentros en otros países de la Unión Europea, incluso representación a nivel exterior. Particularmente en América Latina, como es mi caso. He estado en varias ocasiones allí.  Cuando estoy en Bruselas tenemos una agenda muy exigente con respecto a citas, encuentros relacionados con los expedientes que…
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Mentiras electorales en clave fiscal 

“Lo que no resulta posible, y roza el engaño a los votantes, es disparar el gasto público únicamente a través de un aumento del impuesto a los ricos”  Las campañas electorales son momentos propicios para el electoralismo más simplón. Nuestros políticos han de llegar al poder y para eso necesitan lanzar al vuelo promesas que seduzcan a un número suficientemente amplio de votantes. Y, como resulta esperable, no suelen escatimar en términos de demagogia: como se trata de cazar el apoyo a corto plazo, poco importa que luego ese votante se sienta defraudado en el medio plazo. Llegado el momento, ya habrá tiempo para justificar a posteriori el incumplimiento o para aparentar un falso cumplimiento.  En materia de promesas fiscales, es habitual que presenciemos dos tipos de tretas electoralistas. Por un lado, nos encontramos a aquellos políticos que prometen una auténtica “revolución tributaria” sin recortar ninguna partida de gasto público o, como mucho, apelando a ese cajón de sastre que es el gasto político. Por otro, nos topamos con aquellos políticos que prometen multiplicar los impuestos a los ricos o a las grandes fortunas para así disparar el gasto público redistributivo propio del Estado de Bienestar. Sin embargo, tanto un mensaje como el otro son compromisos vacíos y tramposos.  Primero, si uno quiere rebajar profundamente los impuestos, no va a tener más remedio que recortar aspectos nucleares del Estado moderno. Recortando el ‘gasto político’ o congelando el resto del gasto público no hay mucho margen para minorar enérgicamente los tributos. En el mejor de los casos, puede hacerse algo similar a lo hecho por la Comunidad Autónoma de Madrid, es decir, eliminar algunos impuestos (como Patrimonio o de facto Sucesiones) y rebajar en el margen otros (como el tramo autonómico del IRPF): pero poco más.  Desde luego, es de agradecer…
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La creciente politización de las estadísticas oficiales

“El nuevo método de desestacionalización ‘impulsará’ el dato de afiliaciones a la Seguridad Social durante los meses de ralentización económica”  El rigor y la transparencia en la presentación de las estadísticas es algo que debemos no ya agradecer, sino exigir a nuestros políticos. Y, en ese sentido, que un técnico como José Luis Escrivá llegara al frente del Ministerio de Seguridad Social parecía una buena noticia dirigida a mejorar la calidad de los datos de este organismo.   A este respecto, no cabe duda de que durante los últimos años se han introducido bastantes cambios positivos en materia de accesibilidad y tratamiento de los datos. Pero, sentado lo anterior, también es necesario constatar la creciente politización que se está haciendo de las estadísticas de la Seguridad Social.   Recordemos: hasta ahora, Escrivá venía presentando a mediados de cada mes el dato de afiliación adelantado de la primera quincena de esa mensualidad y, al mismo tiempo, efectuaba una proyección para el conjunto de los 30 días. Asimismo, Escrivá nos insistía, tanto en esas ruedas de prensa como en la presentación definitiva de las cifras de afiliación, en que el dato relevante no es el bruto sino el desestacionalizado, dado que de ese modo se podían hacer comparaciones homogéneas a lo largo del ejercicio.  El problema es que eliminar la estacionalidad no es un proceso automático, sino más bien una técnica que puede ejecutarse mejor o peor: no en vano, el propio Escrivá fue muy crítico con la desestacionalización que durante los últimos meses venía realizando el BBVA Research (llegó a acusarles de hacer el cálculo de desestacionalización “a pelo”) y que arrojaba resultados distintos a los del Ministerio.  Así, entre julio y diciembre de 2022, la desestacionalización que practicaba el Ministerio arrojaba mejores datos de afiliación que la del BBVA Research: gracias a…
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Nueve de cada diez españoles cree que hay mucho fraude fiscal en España

Según el estudio anual 'Opinión pública y política fiscal' realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), más del 90% de los ciudadanos cree que en España existe mucho o bastante fraude fiscal y un 61% considera que la Administración hace pocos o muy pocos esfuerzos para evitarlo El estudio se ha realizado sobre la base de 2.849 entrevistas realizadas entre el 21 y el 29 de julio de 2021 a personas mayores de 18 años de 1.007 municipios y 50 provincias. Los cuestionarios se han aplicado mediante entrevista telefónica asistida por ordenador. En sus respuestas, un 81,4 % de los encuestados señaló que los impuestos no se cobran con justicia y que no pagan quienes más tienen, un 46,2 % considera que los españoles pagan mucho en impuestos, y un 58,6 % sostiene que, teniendo en cuenta los servicios públicos y prestaciones sociales existentes, la sociedad se beneficia poco o nada de lo que se paga en impuestos y cotizaciones. Es más, un 60,6 % cree que recibe menos de la Administración de lo que paga en impuestos y cotizaciones, un 30,2 % cree que recibe más o menos lo que paga, y solamente un 5,5 % cree que recibe más de la Administración de lo que paga. Además, un 84,1% contestó que la Administración hace pocos o muy pocos esfuerzos para explicar el destino de los impuestos, frente a un 11,1% que respaldó el trabajo realizado por los poderes públicos al respecto. Por otro lado, casi la mitad de los encuestados cree que paga muchos impuestos en España, mientras que un 40,2% ve regular lo que paga de impuestos y casi un 10% piensa que es poco. DESAPROBACIÓN DEL FRAUDE FISCAL Pese a una percepción generalizada del fraude, los encuestados creen que la gran parte de personas que…
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La digitalización de la Administración: política de Estado

Por Óscar Cortés, ex asesor de Transformación Digital del ministro de Justicia (2014-2018). Hace unos días, el presidente del Gobierno presentó públicamente el Plan para la Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2015. Aunque pueda parecer una novedad, los esfuerzos por digitalizar la Administración española vienen de antaño: planes, reformas normativas y proyectos se han venido sucediendo en los últimos veinte años, en un proceso con sus luces y sus sombras. Entre las luces, destacan los importantes avances en la oferta de servicios públicos online que, según el último Digital Economy and Society Index 2020, sitúan a nuestro país como uno de los punteros en Europa. Además, destaca la reconocida digitalización de la Agencia Tributaria o la ambición por superar el viejo procedimiento administrativo, con la aprobación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, que ambiciona un nuevo proceso digital. Sin embargo, la crisis de la Covid-19 ha evidenciado las carencias de una digitalización del sector público que ha sido desigual y poco orientada a empresas y ciudadanos. La suspensión de los plazos administrativos y judiciales, tras el primer estado de alarma en marzo de 2020, fue debida en gran parte a la insuficiente capacidad digital, lo que, en ámbitos como la Administración de Justicia, supuso un auténtico cierre de derechos. La lentitud en resolver la avalancha de solicitudes en los servicios de empleo y Seguridad Social, la complicada gestión de los datos sanitarios, o el fracaso de la Radar Covid, han puesto de manifiesto la dificultad a la hora de abordar con flexibilidad nuevas soluciones; la fragmentación de sistemas; lo lejana que está la interoperabilidad; la baja capacitación digital de los empleados públicos o la obsolescencia de estructuras y procedimientos en un modelo burocrático que no ha evolucionado. Para más inri, los ciudadanos se han…
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Trump o Biden: Los estadounidenses deciden su futuro en las urnas

Es el evento de la semana a todas las escalas. Este martes Estados Unidos decide su futuro eligiendo quién será su próximo presidente. Donald Trump y Joe Biden son los candidatos de estas atípicas e históricas elecciones, las cuales se han visto ensombrecidas por el tenso debate vivido entre ambos candidatos durante toda la campaña. El coronavirus y los continuos ataques entre ambos candidatos, personales y no tanto, han hecho de esta campaña electoral un acontecimiento aún mayor que lo que acostumbra. Y es que lo que se decida en los colegios electorales estadounidenses durante esta jornada traerá unas consecuencias u otras a los mercados. Por el momento, el actual presidente estadounidense, Donald Trump, se ha situado por detrás en las encuestas ante el demócrata Joe Biden, quien tiene en su mano (y la de sus votantes) generar un cambio en Estados Unidos con una fuerte tendencia hacia la transición ecológica después de que el magnate norteamericano haya renegado de este punto. Este es solo un ejemplo de las muchas diferencias que mantienen los dos, aunque el más importante reside en la importancia que le han dado al coronavirus en un momento de vital importancia a escala mundial. Donald Trump ha restado importancia al virus pese a haberse contagiado, mientras que en el país han fallecido ya 230.000 personas a causa de la pandemia. En el lado opuesto, Biden se predispone como el candidato de los mercados, ya que de certificarse las encuestas y el demócrata ganase esta jornada, reforzaría las perspectivas de un estímulo fiscal rápido que repercutiría de forma directa en Wall Street y en el resto de bolsas mundiales. Lo que decida Estados Unidos tendrá consecuencias mundiales.
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Fracasa la moción de censura de Vox al no lograr apoyos

El Congreso de los Diputados ha rechazado la moción de censura impulsada por Vox para sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Una votación que solo ha contado con el apoyo de los 52 parlamentarios del grupo que lidera Santiago Abascal, el candidato aspirante, y que se ha convertido en la menos votada de las cinco impulsadas durante la democracia. 298 votos en contra. Este es el resultado que ha obtenido Vox, incluidos el no del Partido Popular, UPN y Foro Asturias, al intento de Santiago Abascal de lograr una moción de censura contra el gobierno que lidera Pedro Sánchez y proponer unas nuevas elecciones generales en medio de un ambiente de incertidumbre a causa del coronavirus. Para relevar a Sánchez, el candidato de Vox necesitaba reunir la mayoría absoluta de la Cámara, 176 votos, y como no lo ha logrado la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha dado por rechazada la iniciativa. De hecho, solo ha recibido el sí del 15% de la cámara que conforma su propia formación política. Esto convierte la votación de este jueves en la menos votada de la reciente historia democrática, por debajo incluso de los 68 votos de la Alianza Popular de Antonio Hernández Mancha en 1987 y de los 82 que cosechó Pablo Iglesias y Podemos en 2017.
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Feijóo dice que "pedirá formalmente la intervención" de Alcoa si se ratifica la "mala fe" y no se vende

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha remarcado su compromiso con los trabajadores de Alcoa, en A Mariña de Lugo, y ha asegurado que si "se acredita la mala fe" de la multinacional para no vender la fábrica con el fin de eliminar un competidor, "entonces el Gobierno de España tendrá una petición formal para intervenir la compañía". Con rotundidad, Feijóo ha hecho esta afirmación en el pleno del Parlamento, en una sesión de control en la que la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, exigió conocer si el Gobierno gallego "trabaja ya" en la "intervención" de la fábrica de aluminio primario, una reclamación que los nacionalistas llevan meses realizando y que urgen en este momento. Durante un debate tenso entre reivindicaciones de ambos lados de las bancadas sobre quién ha apoyado con más intensidad las demandas de los trabajadores de Alcoa y sus auxiliares, Feijóo ha subrayado que desde el mes de julio, pasadas las elecciones autonómicas, Xunta y Gobierno central están trabajando "juntos" y en colaboración. El mandatario autonómico ha dicho que Alcoa está "en plazo de rectificar" y vender la fábrica, o bien de forma directa a Liberty House o bien a la SEPI, para que luego la empresa pública se la revenda. En este sentido, ha dicho que hasta agotar estas vías, la fábrica no se puede intervenir, por lo que esta acción, que solicitará la Xunta --ha aseverado--, es el tercer paso del procedimiento. Además, Feijóo ha incidido en que, por el momento, Xunta y Gobierno central van de la mano, algo que ocurre, insistió, desde las elecciones de julio. Así, ha apuntado que si no fuese así en algún momento, él mismo lo diría. "NO ME DUELEN PRENDAS" Es más, el mandatario autonómico ha asegurado que "no le duelen prendas…
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El Messi de la transición energética

Tras cursar Empresariales y un MBA en el Esade, empleó un trozo de su servicio militar trabajando como financiero para una compañía a tiempo parcial. Al acabar tenía una propuesta de PWC, pero la auditora había perdido clientes y le pidió que esperara un año para incorporarse. No podía hacerlo, y logró volver a la empresa de la mili: Bates, una firma multinacional que fue fusionando otras y en la que Rousaud acabó convirtiéndose en director financiero en tan solo cinco o seis años. Vio que había subido demasiado rápido, y ya había alcanzado su techo. El puesto de director financiero era el máximo posible para él en aquel lugar, así que decidió dejarlo y buscar nuevos retos: poner en marcha algo propio. Su hermano estaba vinculado a un agente de cogeneración, conocieron a un ex jubilado de Endesa y éste les contó que acababa de salir la ley de liberalización del mercado eléctrico. Así fue el origen de Factor Energía. Rousaud se hizo con la ley y la analizó con los conocimientos adquiridos en un reciente máster de derecho fiscal. Comprobó que los requisitos para convertirse en comercializador de energía no eran muy exigentes; los económicos estaban por definir, los legales sólo implicaban estar establecido legalmente en España y los técnicos mostraban la principal barrera de entrada: hacía falta una experiencia previa en el sector de la que no disponía o un contrato de asesoramiento con una empresa que tuviera esa experiencia. Lo resolvieron firmando un contrato de asesoramiento con una distribuidora eléctrica en Montoliu, un pequeño pueblo de Lérida en el que el alcalde era amigo de un amigo. “Me dijo que no sabía nada de aquello, pero le contesté que no había problema: le llevaría un contrato de asesoramiento técnico escrito y me lo firmaba”, explica Rousaud.…
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Antonio Garrigues Walker: "La política está dominada por la erótica del poder, y el precio parece que no importa"

Antonio Garrigues Walker necesita poca presentación. Su carrera larga y exitosa es ampliamente conocida en España. Nacido en 1934, estudió Derecho en la actual Universidad Complutense de Madrid y se incorporó en 1954 al despacho que fundaron su padre y su tío. Desde entonces permaneció en él. Entre 1962 y 2014 ha sido su presidente y ha convertido el despacho en uno de los más importantes del mundo. Ha asesorado al Gobierno español y a grandes multinacionales en su aterrizaje en nuestras fronteras; a los gobiernos de Estados Unidos y Japón en sus relaciones con nuestro país; fue un político frustrado en su intento de conquistar el centro reformista liberal con Miquel Roca; ha alentado en España la lucha contra la corrupción impulsando el capítulo español de Transparencia Internacional; es presidente de honor de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD). En definitiva, se trata de una voz autorizada y prestigiosa para analizar la realidad que vive España. Cuando usted entró en el despacho, nuestro país estaba a punto de iniciar su milagro económico: la etapa de mayor crecimiento en nuestra historia impulsada por Alberto Ullastres. A partir de ahí, España emergió. Luego llegó la Transición, la democracia, hubo desempleo, crisis, de nuevo recuperación económica... ¿Cómo ve a España en la actualidad? Para responder a esa pregunta, tenemos que compararnos con el resto del mundo. Dramatizar la situación de España es irresponsable si no hacemos ese ejercicio. Hoy en día no estamos peor que Italia, Francia, Gran Bretaña o Alemania. Tenemos una calidad democrática muy aceptable, aunque sea perfectible. Contamos con un crecimiento económico limitado pero superior a la media de Europa. Poseemos un grado de convivencia razonable. Tenemos problemas, como todos. No hay ningún país que no tenga problemas serios. Hay una recesión económica; las sociedades se han…
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